En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral delimita “lo que es la formación” de lo que es trabajar y sustituir empleados. De hecho, señaló que desde ahora, no se podrá “sacar valor” de las tareas de las personas en prácticas no laborales.

“A partir de ahora, las personas que se están formando van a tener derechos”, sentenció Díaz, quien resaltó que se tendrán que compensar los gastos en los que incurran las personas en prácticas. Asimismo, el Estatuto prohíbe que los becarios paguen a las empresas por formarse.

La vicepresidenta segunda señaló que las personas en prácticas “no son una anécdota”, pues suponen un colectivo de 1.655.618 personas, de las que el 56% son mujeres. Además, tildó de “llamativo” que 363.000 personas tienen más de 30 años (una de cada tres). Igualmente, avisó de que las sanciones llegarán hasta los 225.000 euros.

El Estatuto abarca los periodos de formación práctica vinculados a grados del sistema de formación profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del sistema nacional de empleo y a prácticas universitarias curriculares y extracurriculares.

Evitará figuras como la de los “falsos becarios” y promoverá la igualdad entre mujeres y hombres en su acceso. Así, la formación en la empresa objeto del estatuto no supondrá la existencia de relación laboral, siempre que se cumpla con lo dispuesto en la norma. Las tareas asignadas en el período de formación práctica deberán ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación individual.

En ningún caso esta formación debe sustituir las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena. También deberá existir una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y las competencias del itinerario formativo al que se asocia la práctica.

Las prácticas no laborales estarán tutorizadas por una persona que podrá tener, como máximo, a cinco trabajadores en formación a su cargo. El total de personas en prácticas no laborales no podrá superar el 20% de la plantilla de la empresa.

Las personas en prácticas formativas tendrán derecho a la compensación de gastos, al descanso y a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras. También se reconoce a las personas en prácticas el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso.

La formación práctica no laboral tendrá, bajo esta norma, derecho de información en esta materia, para la Representación Legal de las personas Trabajadoras. Asimismo, se creará una Comisión de seguimiento de la formación práctica en el ámbito de la empresa.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a la documentación asociada a estas prácticas formativas no laborales y la planificación anual de este organismo incluirá actuaciones inspectoras en el ámbito de esta normativa.

TRAMITACIÓN

“Ahora el debate se abre en España y tenemos que ver qué modelo quieren los partidos políticos en nuestro país. El Gobierno de España lo tiene claro. Vox también lo tiene claro. Lean ustedes el programa electoral de Vox y van a ver ustedes cómo dice alto y claro Vox, la extrema derecha, que de la que hoy es rehén el Partido Popular, que quieren contratar a jóvenes permitiendo salarios de inserción, es decir, salarios de miseria”, desafió Díaz ante la complicada tramitación parlamentaria que aguardará al Estatuto.

Tras más de un año de negociaciones, el Ministerio de Trabajo cerró antes del verano de 2023 un acuerdo solo con los sindicatos, pues CEOE y Cepyme se descolgaron finalmente. No obstante, diferencias entre la parte del Ejecutivo liderada por Yolanda Díaz y el ala socialista impidieron que se pudiera aprobar, pues desde el ámbito del PSOE se apuntó que la norma estaba todavía “muy verde”. No hubo tiempo de seguir negociando, en un contexto marcado por el adelanto de elecciones al 23 de julio de ese año llevado a cabo por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Cuando se negoció el acuerdo de Gobierno para la nueva legislatura, Sumar logró incorporar en el texto de la hoja de ruta de la coalición la aprobación del Estatuto del Becario, sin detalles de plazos ni de contenidos. Ahora, casi dos años después, el Consejo de Ministros alumbra el anteproyecto de ley que tendrá que seguir tramitándose, aprobarse después como proyecto de ley y pasar al Congreso, donde se enfrentará al reto de buscar apoyos parlamentarios suficientes, en una coyuntura en la que Junts, PP y Vox ya tumbaron, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral en septiembre. Y a ello se suma la ‘ruptura’ escenificada por parte de Junts con el PSOE a finales de octubre.

Así las cosas, Díaz subrayó este martes que la norma está “consensuada” en el Gobierno, tras las discrepancias iniciales. Asimismo, dijo entender “bien” a la Conferencia de Rectores, porque las universidades quieren “lo mejor para nuestro país”, después de que se hayan quejado de que las universidades tendrán que asumir costes. Para Díaz, lo que se debe es asegurar “financiación suficiente” para estas instituciones educativas.

Por ello, la titular de la cartera de Trabajo animó a los rectores a “sentarse” con los presidentes de las comunidades autónomas para exigir mejor financiación, comenzando por la Comunidad de Madrid, que está en el foco del problema por dificultades económicas que afectan sobre todo a la Complutense. “Llamen a la puerta adecuada”, retó.