Así lo precisó este martes el departamento de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que el anteproyecto de ley recoge medidas para “eliminar barreras” que han “impedido” que estas acciones, “hasta la fecha, sean ejercidas de forma efectiva y masiva”.

Además, regulará la habilitación de asociaciones de consumidores para que puedan ejercer las acciones colectivas y la creación de una Base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la página web del gabinete de Bustinduy.

Por lo que respecta a la “agilización” del procedimiento judicial, entre las medidas que recoge el anteproyecto de ley se “prioriza” el juicio verbal y se regula un mecanismo procesal “ágil y con garantías” para el ejercicio por parte de las asociaciones de las acciones colectivas de cesación, esto es solicitar que una empresa cese una infracción, y de resarcimiento, es decir, solicitar la reparación del daño generado a los consumidores.

“Se ha optado por un proceso denominado opt-out, por el que, en la mayoría de los casos, las personas consumidoras afectadas quedarán adheridas por defecto a la acción iniciada por la asociación, aunque no sean conocedoras de la misma en un primer momento, si bien pueden desvincularse del proceso si lo desean”, subrayó el ministerio.

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En este sentido, puntualizó que el proceso se “diferencia” del actual modelo opt-in, por el que las personas afectadas tenían que “adherirse expresamente” a la acción y que, a su entender, suponía una “barrera” para las asociaciones, que tenían que “localizarlas una a una”.

Para cada acción, la asociación demandante tendrá que poner en marcha una plataforma electrónica donde se transmitirá la información a las personas afectadas para que puedan expresar la voluntad de “vincularse o desvincularse” del proceso.

El departamento de Bustinduy juzgó, asimismo, “novedosa” la regulación “expresa” de los acuerdos de resarcimiento, como “alternativa” para “poner fin a la controversia”, a los que pueden llegar las asociaciones con las empresas demandadas fuera del procedimiento y que pondrán fin al mismo.

Por último, hizo hincapié en que, con este anteproyecto de ley, se da “cumplimiento” al “mandato” de transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.