Según la portavoz del Gobierno y ministra de Política Interterritorial, Isabel Rodríguez, el texto “incorpora ya algunos de los elementos más importantes de transformación de mejora y de modernización” de la Administración General del Estado (AGE) y “desarrollará” el Estatuto Básico del Empleado Público después de 15 años desde su aprobación.

Entre "los elementos más importantes” y “novedosos” de la norma, destacó la “exigencia” de que exista una planificación estratégica en materia de recursos humanos “para adaptar la selección del personal a las necesidades de todas las organizaciones que conforman la Administración General del Estado” y lograr “una mayor eficiencia”.

El texto, que ahora se someterá al procedimiento de información pública antes de volver al Consejo de Ministros, también habla de introducir con “carácter obligatorio” una “evaluación del desempeño” de los empleados públicos “para mejorar la productividad y adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento” de sus funciones, aunque no ha trascendido cómo será dicha valoración de la labor del funcionario. Esta novedad es uno de los pilares de la ley y afecta a otras muchas novedades del texto.

"A través de este procedimiento se valorará periódicamente la conducta profesional y se medirá el rendimiento o el logro de resultados de las trabajadoras y trabajadores públicos. La finalidad es mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos", se limitaron a explicar desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

RETRIBUCIONES SALARIALES

El anteproyecto incluye también la creación de dos nuevos complementos salariales para los empleados públicos. El primero de ellos está vinculado de forma directa con la evaluación obligatoria de su desempeño laboral, ya que el funcionario lo percibirá en función de sus resultados.

La otra retribución premiará la progresión dentro de la Administración General del Estado y su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido.

De esta manera, los funcionarios podrían tener acceso a cuatro retribuciones complementarias: el complemento por destino, el específico, el de desempeño y el de carrera. A estos hay que sumar el renombrado complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.

PROMOCIÓN INTERNA

Por otro lado, el texto impulsado por la cartera dirigida por María Jesús Montero regulará "la carrera profesional horizontal". Este sistema, también vinculado a la evaluación del desempeño, establece que los funcionarios deben progresar en un itinerario de tramos para lograr ascensos "sin que sea necesario que se produzca un cambio de puesto de trabajo".

Para ello, la Administración tendrá en cuenta tanto la trayectoria profesional como el resultado de las valoraciones de su desempeño laboral, aunque también valorará "el cumplimiento de un itinerario de formación especializada". Además, "y según cada caso particular", la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación podrá dar lugar a ascensos.

PERSONAL DIRECTIVO

Otro de los compromisos del Gobierno que estará recogido en la futura ley es la regulación del personal directivo público profesional, la figura encargada de desarrollar políticas y programas públicos dentro de la Administración. Según el anteproyecto, tendrán esta consideración las personas titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen a estas, que, asimismo, "estarán ocupados equitativamente por hombres y mujeres, tal y como marca el principio de igualdad recogido en la norma".

"El desarrollo de una regulación responde a que se trata de un perfil clave en la concepción de una Administración Pública moderna. Entre los objetivos están ofrecer garantías de la profesionalidad de quienes ocupan estos cargos. Otro de los fines es reforzar la idoneidad, capacidad y orientación de los mismos con respecto a los resultados profesionales que obtengan quienes ocupen esos puestos directivos", señalaron desde Hacienda.

PRUEBAS "OBJETIVAS Y TERRITORIALIZADAS"

Otra de las "grandes" reformas incluidas en el anteproyecto es la apuesta por un "renovado" modelo de acceso a la Administración. El Gobierno ha optado por impulsar "un modelo mixto que estará basado en los conocimientos para superar el acceso y en la evaluación de competencias profesionales". Además, este sistema llevará la celebración de estos procesos a todo el territorio nacional para "democratizar" el acceso a la Función Pública.

Por último, la norma prevé incorporar distintos protocolos para atender el acoso sexual o por razón de sexo –que se actualizará cada cuatro años– y obligará a los ministerios a constituir “una unidad específica para la incursión de las personas con discapacidad”.

En rueda de prensa, Rodríguez subrayó que el texto “cuenta ya con un previo diálogo con los agentes sociales con los representantes de los empleados públicos”, aunque reconoció que es “susceptible de ser mejorado en el futuro” y que la ley definitiva será fruto de los “trabajos que seguirán a esta primera vuelta”.

OPOSICIÓN DE SINDICATOS

En este sentido, cabe recordar que CCOO y UGT se han opuesto durante los últimos días a la propuesta inicial del Ejecutivo. Ambos sindicatos tacharon los borradores abordados a lo largo de la semana pasada de “manifiestamente mejorables”, y evidenciaron su deseo por poder avanzar en la negociación para lograr una ley “que responda a las necesidades de las plantillas y de la ciudadanía”.

Desde ambas organizaciones indicaron que el texto se centra en la planificación de los recursos humanos y no entra en las reclamaciones de los derechos laborales que las organizaciones lideradas por Unai Sordo y Pepe Álvarez han exigido "históricamente". De hecho, avanzaron que rechazarían el texto articulado íntegro que les ha presentado el Ejecutivo.

No obstante, sí han celebrado que, tras 15 años de retraso en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, “un equipo ministerial a cargo de la Función Pública ponga en valor la necesidad de sacar adelante la ley más importante y esencial de la AGE”. Ahora, CCOO y UGT tienen previsto convocar una rueda de prensa para fijar su posición final ante los medios de comunicación.