Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del ministerio, cuya normativa obligará a que los libros electrónicos, los cajeros automáticos y el teléfono 112, entre otros, sean totalmente accesibles para personas con discapacidad.

Conocida como Acta Europea de Accesibilidad, la directiva que este anteproyecto de ley traspone establecía unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para una serie de productos y servicios a disposición del público, con el objetivo de proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior en igualdad de condiciones.

Para el ministerio, resulta “imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes, a fin de que las personas con discapacidad no sean expulsadas al realizar actividades cotidianas como usar un datáfono o reservar un vuelo por Internet”.

Una vez aprobada y en vigor serán plenamente accesibles productos tales como las máquinas de facturación, los terminales de autoservicio interactivos que faciliten información, los terminales de gestión de turno o los lectores electrónicos.

También deberán ser accesibles las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, sus terminales de servicio interactivos (situados en estaciones de tren, aeropuertos, puertos, etc.), los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico.

EMERGENCIAS 112

La nueva directiva establece que el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea, algo que no sucede en la actualidad. Las personas con discapacidad, particularmente las personas sordas, experimentan de hecho bastantes dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112.

En este sentido, en ningún caso será necesario un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112, aclaran desde el ministerio.

Estos estándares comunes protegen el derecho de circulación sin discriminación de todas las personas, asegurando así una mayor autonomía de las personas con discapacidad.

Según el ministerio, España es de los pocos países que "ha apostado por una transposición integral la Directiva 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos", dotándola de rango de Ley. Así, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 busca precisamente proteger a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias, y "catalizar cambios sociales para eliminar barreras en la cotidianeidad".

Derechos Sociales asimismo está ultimando un Real Decreto Ley de Accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta directiva. Ambas normas se enmarcan en el compromiso del ministerio en desarrollar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación a bienes y servicios a disposición del público.