Así lo indicó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, en un comunicado. En el mismo, el Ejecutivo destacó que el Real Decreto por el que se crea este primer sistema oficial para acreditar el nivel de competencia de lengua de signos española permitirá "ordenar y reconocer formalmente la lengua de signos como un idioma, a semejanza de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles de competencia lingüística; A1, A2, B1, B2, C1 y C2".

Hasta ahora no existía un sistema estatal con validez en todo el territorio nacional, destacaron desde Derechos Sociales. De esta manera, cualquier persona sorda, sordociega u oyente podrá disponer de un diploma acreditable tanto para el acceso al empleo público como para su valoración como mérito profesional, académico o personal, en todas las edades y ámbitos.

Estos diplomas "beneficiarán a la comunidad signante, a estudiantes, profesionales y a todas las personas o entidades interesadas en la LSE", destacó por su parte la directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (Cnlse), Mª Luz Esteban, en un vídeo publicado en las redes sociales del organismo.

El Real Patronato sobre Discapacidad, integrado dentro del Ministerio de Derechos Sociales, será el organismo responsable de la organización de las pruebas y la dirección administrativa y económica de los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Así, el Real Patronato expedirá los diplomas "en nombre del ministerio competente en materia educativa, pudiendo suscribir convenios con otras entidades para la realización de las pruebas", indicó la directora del Cnlse.

Estas pruebas se elaborarán conforme a "los criterios europeos de evaluación de las lenguas de signos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad", destacó Esteban.

Según subrayó Derechos Sociales, con la aprobación de este Real Decreto el Gobierno refuerza su compromiso con los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas, al tiempo que promueve la igualdad de trato, la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad.