Según informó este miércoles el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con estas dos aprobaciones ya son siete el número total de proyectos avalados por el Ejecutivo central. Esta inversión forma parte del plan de emergencia puesto en marcha para responder con rapidez a los daños provocados por la dana.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, afirmó esta mañana en una vista a Llombai que las dos infraestructuras son “fundamentales para recuperar la normalidad tanto en Llombai como en Algemesí”.

Según el Ministerio, el Gobierno de España movilizó un total de 1.745 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana. Los fondos fueron transferidos a los ayuntamientos de los municipios afectados en un plazo récord de 40 días desde su anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

NOVEDADES DE LA FINANCIACIÓN

La inversión permitirá llevar a cabo más de 370 intervenciones en instalaciones municipales clave, como centros sociales, jardines, instalaciones deportivas, escuelas infantiles y mercados, entre otras. En total, se estima que se ejecutarán cerca de 500 actuaciones en los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto Ley 6/2024.

Una de las principales novedades de la financiación de estas dos obras es que, por primera vez, el Gobierno cubrirá el 100% del coste de las obras de reparación, frente al 50% habitual en casos de catástrofes naturales. Además, los fondos se transfirieron por adelantado, lo que permite el comienzo de las obras sin necesidad de reembolsos.

Otra novedad es que los ayuntamientos podrán firmar convenios con la empresa pública Tragsa para que esta se encargue de adjudicar y ejecutar los trabajos, lo que supondrá mayor agilidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos.

Incluye también la posibilidad de reubicar las infraestructuras afectadas a zonas más seguras dentro del municipio y aplicar mejoras técnicas para aumentar su resistencia al cambio climático.

Asimismo, se ampliaron los plazos administrativos ordinarios en cada fase del proceso, para facilitar a los gobiernos locales el cumplimiento de los requisitos y garantizar que todas las actuaciones puedan completarse sin obstáculos.