Asi se desprende de una respuesta por escrito del Ejecutivo al diputado de IU, Ernesto Caballero, con fecha 6 de abril de este año, en la que, a una pregunta sobre el grado de ejecución del plan, El Gobierno reconoce que no ha sido ejecutado "hasta el momento".

El Gobierno recuerda que el plan fue aprobado en Consejo de Ministros el 24 de julio de 1989 y que EMGRISA, la sociedad gestoradel mismo, se constituyó en mayo de 1990. A partir de entonces comenzó oficialmente el ejercicio presupuestario del plan.

Según el Ejecutivo, al ser el plan indicativo y basarse "fundamentalmente" en la iniciativa de las comunidades autónomas y las industrias afectadas, su acción se limita a subvencionar los proyectos.

"Por ello", explica en su respuesta, "las previsiones de gasto para la formación de los presupuestos de un ejercicio deben hacerse, en estos casos de inversiones no dependientes úncamente del Estado, con el conocimiento previo de inciativas de actuación".

Esas iniciativas, asegura el Gobierno, no han podido ser "detectadas" hasta 1991, destinándose entonces las partidas presupuestarias correspondientes.

NUEVAS INSTALACIONES

En lo relativo a instalaciones en ejecución o proyecto, Galicia y Castilla y León están construyendo plantas de tratamiento y depósitos de seguridad para los residuos y la comunidad de Aragón tiene pendiente la adjudicación de las obras de una planta e estas características.

Asturias, por su parte, está construyendo una planta de tratamiento físico-químico de los residuos industriales y Andalucía tiene previsto instalar en Cádiz un depósito de seguridad y un horno incinerador.

Por lo que respecta al tratamiento específico de los aceites usados, están en fase de construcción centros de transferencia (reciclado), análisis y clasificación en Madrid (dos), Pamplona, Ciudad Real, Cádiz, Málaga y Huelva, y existen proyectos de construcción en Asturas, Cantabria, La Rioja y Andalucía.

En el presente ejercicio (1992), la Administración cuenta con 500 millones de pesetas para subvencionar ese reciclaje de aceites usados, 800 millones para iniciativas empresariales en ese campo y 1.000 millones destinados a acciones de las autonomías.