Según informaron fuentes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este mismo viernes, en total se ofrecieron hasta la fecha 817 plazas, de las que hasta el momento quedan por cubrir alrededor de un centenar. Esas plazas se podrán cubrir a medida que el Gobierno canario vaya realizando los traslados y trámites pertinentes.

El Ejecutivo central defendió haber llevado a cabo también los traslados especificados en el primer auto del Supremo, que hablaba de 524 menores, y haber seguido, paralelamente, dando respuesta a “otros muchos casos” de jóvenes solicitantes de asilo no incluidos en ese primer listado, tal y como apuntaba en el último mandato de medidas cautelares.

Migraciones puso en valor que realizó todo este trabajo pese a “todas las dificultades y complejidad del mandato judicial” y recordó que no se puede olvidar que se trataba de procesos con niños “especialmente vulnerables”.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró que, hasta el momento, el Ejecutivo central habilitó un centro de valoración y derivación en el de Canarias50 y abrió numerosos centros en diversas localidades de la península.

También, ya dispone de dos recursos en las propias islas, que tienen un carácter de permanencia vinculado a las circunstancias individualizadas de cada menor, y en los que se valorará su grado de integración en las islas, así como, si procede, su tránsito a la vida adulta. Cancela dijo que se continuará trabajando en la apertura de los recursos de acogida que sean “necesarios” en la península.