Así consta en sendas respuestas, consultadas por Servimedia, a los grupos parlamentarios de Sumar y EH Bildu, que reclamaron al Ejecutivo conocer qué medidas podía adoptar contra la AME, tras la difusión del comunicado a mediados de noviembre. También pedían conocer los lazos que mantiene la asociación con el Ministerio de Defensa.

Desde el Gobierno explicaron que la Asociación de Militares Españoles figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y “no tiene consideración de asociación profesional de miembros de las Fuerzas Armadas, sino de militares retirados”, tal como se contempla en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

SIN POSIBLE SANCIÓN

Asimismo, añadieron que conforme al artículo 115 de la Ley de la Carrera Militar, “los militares de carrera al pasar a la condición de retiro cesarán definitivamente en la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas y dejarán de estar sujetos al régimen general de derechos y deberes de sus miembros y a las leyes penales y disciplinarias militares”.

Por otra parte, el Ejecutivo aclaró que la citada asociación, conforme a sus Estatutos, “no tiene su domicilio social en instalaciones militares ni en inmuebles” pertenecientes al departamento que dirige Margarita Robles.

Finalmente, subrayó que la AME “no recibe subvenciones de las previstas en la Orden Ministerial 41/2022, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden Ministerial 69/2020, de 16 de diciembre, que aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el periodo 2021-2023”.

Este tipo de asociación no puede formar parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, al estar esta participación reservada, únicamente, a las asociaciones profesionales.