Por un lado, el Gobierno ha aprobado el destino de 471,8 millones del fondo a financiar modificaciones de crédito para sufragar los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz.

Por otro, da el visto bueno al uso de 257,8 millones del fondo para el pago de sentencias del Tribunal Supremo que declararon inaplicables el régimen de financiación del bono social y el régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas establecido en la Ley del Sector Eléctrico, por resultar incompatible con la directiva comunitaria sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.