Así lo trasladó el consejero en rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Gobierno, donde recordó que ayer la Comunidad de Madrid formalizó la demanda del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno Central para exigirle que cuantifique de forma real “los costes de implantación de la mal llamada Ley de Eficiencia de la Justicia”.

También, para que arbitre los mecanismos de compensación a las comunidades autónomas previstos en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

“Interpusimos la demanda justo el día que se puso en marcha la primera fase de la mal llamada Ley de Eficiencia que se ha hecho sin contar con el poder judicial y se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas. Una ley que nace sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo suficiente para poderla implantar con éxito”, reiteró.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, remarcó, es “una administración responsable” y no es “insumisa de la ley”. Por eso, desde ayer ya son una realidad en la región los primeros 14 nuevos tribunales de instancia y las 126 oficinas de Justicia en los municipios, lo que antes se denominaban Juzgados de Paz.

Transformación que se produjo en el primer día de huelga de jueces y fiscales con un seguimiento, según los convocantes, del 75%.

En este punto, pidió al Gobierno que “respete” al Poder Judicial y “escuche” las reivindicaciones de jueces y fiscales que exigen la retirada de los proyectos que modifican el acceso a la carrera judicial, para orillar los principios de mérito y capacidad, y de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto del Ministerio Fiscal para dar un poder casi absoluto al fiscal general del Estado y otorgar la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía. “Algo que con un fiscal general al borde del banquillo no puede preocuparnos más”, aseveró.

Además, consideró que “son leyes que no responden a otra cosa que al intento del Gobierno central y de Pedro Sánchez para que deje de investigar los casos de corrupción que afectan a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano”.

“Hoy el sanchismo está en prisión preventiva de la mano del muñidor de los pactos que sujetan a Sánchez en la Moncloa. Los pactos con los partidos independentistas y los pactos con los herederos de ETA, tejidos por Santos Cerdán”. “La corrupción ata a Sánchez en La Moncloa pero los ciudadanos ya no soportan más el ambiente irresponsable que ha provocado este Gobierno y el Partido Socialista”, sostuvo.

Por último, García Martín lamentó que cada paso que da este Gobierno es “un paso más para el aislamiento internacional”, como se pudo ver ayer en la Cumbre de la ONU, aseguró, en la que, a pesar de celebrarse en España, “Sánchez solo puede verse con tres países: Macedonia del Norte, Senegal y Honduras”.