Este anticipo podría llegar después de que el Ejecutivo termine de estudiar “en profundidad” la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró la semana pasada “contraria” al Derecho europeo la normativa española en materia de Seguridad Social que excluye a los empleados de hogar de esta prestación social.

A juicio del TJUE, “discrimina” a las mujeres, ya que es un colectivo formado especialmente por población femenina, por lo que daña a un colectivo concreto de la sociedad.

Pérez Rey explicó en rueda de prensa que “sin la irrupción de la sentencia, la planificación normativa que tenía el Ministerio era” la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleados y empleadas domésticos este mismo año que ahora está siendo estudiado por el Consejo de Estado para ser remitido posteriormente a las Cortes.

Además, “en paralelo”, en el marco de la reforma de “nivel asistencial por desempleo, Pérez Rey destacó que otro objetivo era abordar también el problema del desempleo de las empleadas de hogar”.

Según indicó el secretario de Estado de Empleo, esto debería aprobarse antes de que concluya 2022, ya que, además, es un “compromiso” con la UE.

“La idea, ahora, es valorar, una vez que veamos de manera un poco más detallada y exhaustiva la sentencia, si incluso podemos acelerar el ritmo inicialmente previsto que, en todo caso, era a lo largo de este año”, incidió.