Esta medida podría afectar a muchos británicos con discapacidad y enfermedades crónicas que tendrían que buscar empleo o participar en cursos de formación para tener derecho a percibir el montante máximo de estas pensiones.

Si la reforma propuesta es aprobada por el Parlamento, podría entrar en vigor a partir de 2007. Con ella el Gobierno británico espera que entre uno y dos millones, del total de 2,7 millones de beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral, vuelvan a trabajar, aunque sea a tiempo parcial.

El objetivo es modificar el actual sistema, en el que el montante de estas pensiones se eleva a medida que se prolonga la baja del beneficiario, lo que el Gobierno laborista considera un incentivo para que sus perceptores permanezcan en el paro.

Actualmente, los británicos que se encuentran de baja por enfermedad tienen derecho a una pensión por incapacidad laboral transitoria durante las primeras 28 semanas que es abonada por sus empresas.

A partir de ahí, empiezan a percibir la pensión por incapacidad laboral, dependiente de la Seguridad Social, que durante las primeras 28 semanas asciende a 83 euros semanales, pasando a unos 100 euros semanales entre la semana 28 y la semana 52, y a 112 euros a partir de las 52 semanas de baja y mientras se prolongue la situación que motivó esta percepción.

La reforma pretende establecer controles médicos frecuentes para determinar la aptitud para volver a trabajar de los beneficiaros de estas pensiones. Aquéllos que sean considerados aptos y se nieguen a participar en programas de rehabilitación y reinserción laboral podrían experimentar un recorte de sus pensiones de unos 29 euros semanales con respecto a los montantes actuales.

La medida sólo afectaría en principio a los nuevos solicitantes, pero el Gobierno proyecta aplicarla al resto de beneficiarios con el tiempo.