Así lo manifestó el Ejecutivo a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el que subrayó que “los lugares especialmente protegidos no pueden ser objeto de ataques”.

Para el Gobierno el ataque es “una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario, que debe ser investigada”.

Asimismo, en el comunicado señaló que “al dolor por la muerte de civiles, se une el de profesionales de la información, cuya labor es esencial y debe ser objeto de especial protección”.

España “reitera su total compromiso con el derecho de acceso a la información, esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos”.