Así lo ha decidido hoy el Gobierno al ratificar el esquema diseñado por el equipo socialista de José Borrell, pero incluyendo el concurso para la privatización.

Los responsables de Fomento consultados por Servimedia dudan ahora entre anular Optel S.A., en la que ya están Endesa y Unión Fenosa con un 40%, o mantener dicha sociedad y aplicar el concurso sobre el 60% que aún controla el Esado directamente.

La obtención por Retevisión de la segunda licencia de telefonía de voz consagra el proyecto del 'segundo operador' emprendido por el anterior Gobierno, en el que se pretendía crear un grupo de capital privado español capaz de competir con Telefónica en todo el país desde el momento de la plena liberalización del sector.

Dentro de la liberalización de las telecomunicaciones relanzada por el Gobierno de Aznar destaca también la posibilidad de que las empresas propietarias de redes como Renfe, las eléctricas, etc, puedan ser portadoras de señales, un oligopolio reservado hasta ahora a Telefónica, Retevisión y Correos. También se consagra el libre acceso a las redes públicas de cualquier operador.

TELEFONICA MAS LIMITADA

Por otra parte, se le impone a Telefónica un plazo de dos meses, desde que se aprueben las bases de los concursos de cable, para que declare su interés por cada una de las demarcaciones, pero se amplia de 9 meses a 2 años el tiempo que deberá esperar para dar ervicios en estos territorios delimitados. No obstante, este plazo podrá ser revisado a la baja por el Gobierno según se desarrolle la competencia.

Igualmente, la operadora controlada por el Estado, y cuya privatización tiene pensado llevar a cabo el Gobierno, no podrá dar servicios de cable a través de empresas que cuentan con algún monopolio, por lo que deberá crear empresas filiales de cable en las demarcaciones.

También habrá un órgano regulador de las telecomunicaciones que sea independientedel Gobierno, que velará por la libre competencia en el sector, actuando como árbitro en los conflictos entre operadores informado de las tarifas para los servicios en monopolio, además de velar por el cumplimiento de la ley, la calidad de los servicios y el asesoramiento a Fomento y a las comunidades autónomas.