En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez lamentó así las palabras de Feijóo, a quien le aseguró que no “conviene normalizar” este comportamiento porque es un “escándalo” y “catalogarlo de pillería le da una condescendencia que no se puede aceptar”.

La portavoz del Gobierno hizo hincapié en que la “estafa” afectó a “dinero público” de todos los españoles en un contexto en el que, “mientras otros empresarios estaban haciendo donaciones a organizaciones no gubernamentales, y hombres y mujeres cosían mascarillas para protegernos, había otros que utilizaban dinero público para comprar yates, rolex o no sé cuántas cosas más”.

Por ello, denunció que no “es una pillería” ni “un juego de niños”, sino una “cosa de adultos y se llama corrupción”, una cuestión con la que “no cabe frivolizar”.

“Cuando yo me refiero a pillería pienso en los juegos de niños y aquí somos adultos. Si somos adultos cuando se trata de comisiones en contratos públicos tenemos que hablar de corrupción, y lo que tenemos que hacer es abordar y luchar contra la corrupción, especialmente aquellos que están rodeados de esta situación”, añadió la portavoz del Gobierno.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Luis Medina y Alberto Luceño, los dos empresarios que vendieron material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020 por un valor de 11 millones de euros, de los que habrían cobrado seis millones de euros en comisiones, es decir, más de la mitad del importe del contrato.

La Fiscalía sostiene que ambos actuaron “de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, y llega a explicar que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares, cantidad que los querellados inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares, lo que se traduce en un 148% del precio real del producto. El Ayuntamiento de Madrid se ha personado en la causa como perjudicado.