Así lo expresó en su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso para informar sobre la ejecución de dicho pacto, renovado hace un año.

En el caso de las medidas que son competencia del Ministerio de Igualdad, el porcentaje se eleva hasta el 54%, lo que significa que lidera “con responsabilidad y eficacia” la ejecución, según detalló.

La delegada también puso de relieve el impulso normativo realizado, en primer lugar, en la lucha contra la violencia vicaria, cuya ley está en tramitación, y con una ley integral contra de trata, que espera presentar en el Consejo de Ministros antes de que acabe el “primer semestre del año” porque su texto está “muy avanzado”.

Además, resaltó el refuerzo de la cooperación interinstitucional mediante convenios, como el firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y mediante la constitución de grupos de trabajo que garantizan criterios homogéneos, transparencia y evaluación de resultados.

La DGVG es el “motor operativo del pacto” y tiene previsto desplegar 13 medidas más en este año. Además, la delegada defendió que el pacto contó con un “respaldo económico sólido en 2025”, ya que la Administración General del Estado destinó más de 82 millones de euros a medidas directas, además de 160 millones de euros transferidos a comunidades autónomas y 40 millones de euros más para entidades locales.

En ese sentido, Martínez Perza indicó que estos recursos garantizaron la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, y destacó que para 2026 se prevén 11,9 millones de euros adicionales destinados a medidas específicas de atención y prevención.

La delegada explicó que el pacto identifica los ministerios, administraciones e instituciones responsables de cada una de las 461 medidas. En el caso de la Administración General del Estado, el Ministerio de Igualdad ejecutó 113 de 211 medidas (54%), con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales y acreditaciones administrativas.

En concreto, la DGVG ha de desarrollar 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y ocho de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres avanzó en tres de sus nueve medidas exclusivas y dos compartidas. En el ámbito general del ministerio, se ejecutaron 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

Por parte del resto de ministerios, destacan algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

En ese sentido, Carmen Martínez señaló que la puesta en marcha de medidas varía según su complejidad: “Algunas son inmediatas, como campañas, formaciones o ajustes de protocolos y otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación”. Aun así, dijo que el “51% de ejecución global por parte del Gobierno refleja un arranque rápido y coordinado”, con un “alto grado de alineación institucional entre ministerios y la Delegación del Gobierno”.

OTROS AVANCES

Por otro lado, la delegada enumeró otros avances que ya producidos como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y de concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de la violencia contra las mujeres 2026.

Igualmente puso el foco en los 60 centros de atención integral 24 horas, en el trabajo en la cooperación internacional para mejorar la atención a víctimas españolas en el extranjero, así como en el lanzamiento de campañas de sensibilización.

Martínez Perza aseguró que los resultados de este primer año son claros: “Más de la mitad de las medidas están activas, los ministerios trabajan de manera coordinada, los recursos se han ejecutado y se han establecido sistemas de seguimiento y evaluación que garantizarán transparencia y eficacia”.

Por último, sostuvo que el “esfuerzo colectivo” de este pacto permite afirmar que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una política de Estado “firme, duradera y basada en evidencias, que seguirá avanzando” este año y en el futuro. Además, reivindicó que el Pacto de Estado no es solo un documento, sino es una “estrategia de vida, protección y dignidad”.