Vivienda

Los partidos del Gobierno debaten rebajar requisitos para ser gran tenedor y tener que topar el alquiler

- La Ley de Vivienda cumple 11 meses de bloqueo en el Congreso

- El tope del alquiler se retrasaría hasta la siguiente legislatura

MADRID
SERVIMEDIA

Los partidos que conforman el Gobierno y sus socios parlamentarios están debatiendo una rebaja de 10 a seis o siete pisos los que una persona física o jurídica debe tener en propiedad, según el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, para ser considerado gran tenedor, figura que tendrá que acogerse al tope de precios de alquiler a un índice referenciado que contempla la ley.

Así lo indicaron fuentes conocedoras de la negociación de la Ley de Vivienda a Servimedia después de que se cumplan 11 meses de tramitación parlamentaria en el Congreso, tiempo durante el cual los socios de Gobierno no terminan de cerrar un acuerdo, retrasando con ello la entrada en vigor del límite a los precios de los alquileres.

Este debe esperar 18 meses desde que se apruebe definitivamente, por lo que empezaría a funcionar, de no haber modificaciones, en la siguiente legislatura, según el texto que aprobó el Gobierno el 1 de febrero de 2022 y remitió a las Cortes para su aprobación final.

Pese a mantener durante todo el año la intención de que el texto definitivo viese la luz antes de 2022, a mitad de diciembre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya reconoció que la norma no se aprobaría e indicó que esperaba lograr el visto bueno del Congreso “a principios del año que viene”.

La política de vivienda ha sido un caballo de batalla durante toda la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos. Fijada en el acuerdo de coalición, los dos partidos no se ponían de acuerdo en cómo afrontar el control de los precios de los alquileres -entre otros aspectos- y, por ello, tardó en fraguarse un pacto en el seno del Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de ley. Tal es así que, hasta en dos ocasiones, el pacto de los Presupuestos Generales del Estado quedó pendiente hasta que se cerró un acuerdo sobre esta materia.

Aunque la propia ministra ha defendido en varias ocasiones que la ley no está “bloqueada”, sino que se están debatiendo las más de 800 enmiendas presentadas en el Congreso al texto aprobado por la coalición de Gobierno, lo cierto es que la limitación de los alquileres, junto con la regulación de los desahucios, son los principales escollos que separan al PSOE de Unidas Podemos y los socios de investidura.

Estas fuentes, no obstante, cuentan que las reuniones, muy “discretas” y que se producen “mínimo” una vez por semana, van “muy bien” porque hay “voluntad clara” de llegar a un acuerdo. Así, no descartan que se podría anunciar un acuerdo para “reactivar” el trámite parlamentario, aunque esto no sucederá, posiblemente, antes de febrero.

En la actual redacción del anteproyecto, la limitación de los alquileres está sujeta a la declaración de zonas de mercado tensionado, decisión que corresponde a las comunidades autónomas y de la que ya se desmarcó el PP, que aseguró que no aplicaría la norma en aquellas regiones donde gobernase. No obstante, estas fuentes apuntan que quieren dejar “muy claro” este “instrumento clave” de la ley para que las regiones acaben interviniendo.

Para tomar esta decisión, la zona debe cumplir dos requisitos. En primer lugar, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos medios de los hogares y, en segundo lugar, que el precio de compra o alquiler en los cinco años antes de la declaración de zona tensionada haya crecido porcentualmente cinco puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

De esta manera, para declarar zona tensionada una región en la que el IPC se sitúe en el 8%, el precio del alquiler o la compra de vivienda habría tenido que elevarse un 13% acumulado en los cinco años anteriores. Con el IPC en máximos desde hace décadas, se negocia ahora si deben cumplirse ambos criterios o solo uno de los dos, según las fuentes conocedoras.

GRANDES TENEDORES

Aun logrando declarar una zona como tensionada, la limitación de los alquileres no afectaría a todos los arrendadores, según el texto actual, sino sólo a los grandes tenedores, figura que ahora se encuentra en debate, algo que sugirió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando señaló a principios de diciembre que una persona “que tiene cinco propiedades” también tiene “capacidad de influir en el mercado de la vivienda”.

Así, mientras que Unidas Podemos y sus socios buscan que el tope del alquiler se aplique a todos los arrendadores, en el PSOE son partidarios de proteger al pequeño propietario, estableciendo para este perfil diferentes medidas que incluirían bonificaciones fiscales, cuyos porcentajes definitivos se están negociando, o la posibilidad de establecer prórrogas extraordinarias de contratos en las mismas condiciones, pero no el tope de precios.

Estas fuentes reconocen a este respecto que el objetivo es que los grandes tenedores estén “siempre” acogidos a un índice de referencia, pero la finalidad es que los arrendadores “alquilen” y “no penalizar”, para lo cual establecerán “atractivos fiscales”.

ÍNDICE DE PRECIOS

Durante la negociación de la prórroga extraordinaria de los alquileres incluida en el paquete de medidas anticrisis, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, lamentaba que “hasta que no haya Ley de Vivienda, los precios nuevos son muy difíciles de intervenir porque ni siquiera hay un índice al que poder referenciarlo”.

Este índice, precisamente, sería el último escollo que alejaría temporalmente la limitación de los alquileres, ya que el anteproyecto de ley establecía un período de 18 meses desde la aprobación de la ley “a fin de que la administración estatal establezca un sistema que pueda ser utilizado para aplicar dichas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas”.

En octubre, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, reconoció que estaban tratando de ver si eran “capaces de ajustar” este período temporal, ya que, de lo contrario y con la previsión más optimista, el límite no sería efectivo hasta la segunda mitad de 2024. Para Lucas, el problema radicaba en tener el “tiempo suficiente desde el punto de vista técnico” para hacer “un índice con garantías, solvente y que sea lo más justo posible”.

En este sentido, el responsable de Vivienda recalcó que se ha elaborado un índice de precios de referencia del alquiler basado en informaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), distintos registros y “principalmente” de la Agencia Tributaria, aunque con la dificultad de que los datos tributarios lleguen “a año vencido”. Por ello, señaló que el objetivo era establecer otro sistema “compaginándolo con el ya existente” para obtener “datos más cercanos” en el tiempo.

NEGOCIACIÓN

Con todo ello, la ministra Raquel Sánchez ha insistido en diferentes ocasiones en que los socios deben abandonar “posturas maximalistas”, buscar “posturas de consenso” y “hacer posible, por fin, la primera Ley de Vivienda”. Por el contrario, socios del Gobierno como ERC, Bildu y Más País han avisado de que no aprobarán la ley si los socialistas no ceden ante sus pretensiones en la regulación de los alquileres.

Las fuentes conocedoras de la negociación apuntan que todos son “conscientes” de que la ley saldrá “solo” con el apoyo de la izquierda del arco parlamentario, y que, como la derecha “va a recurrir”, el objetivo es que se pueda aplicar “de forma clara”, con “equilibrios entre propietarios y arrendatarios”, garantizando la “seguridad jurídica” de todas las partes, ante el hito que supondrá la primera ley de Vivienda en España.

(SERVIMEDIA)
01 Ene 2023
JMS/MML/mmr/mjg