El Ejecutivo responde así a una pregunta del diputado de CiU Josep Maldonado a la que tuvo acceso Servimedia. Indica que el militar fue juzgado por su actividad golpista y que cumplió la pena que se le impuso, que no suponía la pérdida de su empleo.

Por esta razón, ascendió a comandante en 1980 y hubiera ascendido a coronel de no haber resultado muerto en un atentado perpetrado por ETA en 1986.

Según el Gobierno, con este ascenso honorífico "no se trata de juzgar las vidas de quienes perecieron, sino de valorar sus muertes".

Con ello, no se pretende "difuminar la gravedad de los actos del militar referido contra la democracia, sino de subrayar que esta hora no es la de los demócratas contra la dictadura sino la de la democracia contra el terrorismo".

"Cualquier discriminación entre el tratamiento de unas y otras víctimas, después de su asesinato, supodnría relativizar el valor de la vida de todos y sembrar una duda acerca de la justificación de su asesinato", concluye el Gobierno.