Según indicaron las mismas fuentes, Ceuta y Melilla tienen un régimen específico, único en Europa, que implica la realización del control Schengen también a la salida de ambos territorios por vía marítima o aérea, que son las dos únicas vías existentes. "Nadie viaja de Ceuta o Melilla a la península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto. Además, navieras y aerolíneas están obligadas a verificar los documentos", insistieron.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez reivindicó así la aplicación de un "doble filtro" de control de movimientos en estos territorios: "Uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, a la salida hacia la península, para que una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen".

Según detallaron, este mecanismo está previsto desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la Declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41.

El Ejecutivo recordó además que entrar ilegalmente en Ceuta no da derecho en ningún caso a permanecer en España, ni a viajar a la península o circular por Europa. Y aseveró que "ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la península, ni habría podido hacerlo". Así, el Gobierno defendió de nuevo este sábado la integridad del espacio Schengen, que dijo "está plenamente garantizada".

Además, las mismas fuentes insistieron en que "la práctica totalidad" de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente (más de 48.000) ya han retornado a Marruecos en menos de 48 horas.

DESINFORMACIÓN

El Gobierno insistió en desvincular la "avalancha" de migrantes a Ceuta -tal y como lo calificó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-, del proceso de regularización extraordinaria iniciado en el mes de abril por el Ejecutivo. "No guarda relación alguna con estos hechos", aseveraron.

Del mismo modo, recordaron que una de las condiciones exigidas para solicitar la regularización es acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud. "Quien cruzó el 30 de julio de 2026 queda excluido por definición", reiteraron.

Por otra parte, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez insistieron en vincular lo ocurrido en Ceuta con una campaña impulsada por las redes de tráfico de personas que según el Gobierno han difundido por redes sociales y aplicaciones de mensajería "una lectura interesada y errónea de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España". "La sentencia no modifica la Ley de Extranjería ni permite la permanencia: solo exige aplicar el procedimiento ordinario de devolución", concluyeron.