Así lo manifestó durante el desarrollo del diálogo ‘Una Europa accesible para todos’ celebrado en la agencia de noticias Servimedia. Este fue el sexto programa de televisión realizado dentro del proyecto #HistoriasdeCohesión, cuyo objetivo es abordar la Política de Cohesión de la Comisión Europea en relación con las personas con discapacidad y analizar en qué proyectos se han invertido las ayudas comunitarias para el desarrollo económico y social de España.

Martín Blanco sostuvo que España regulará mediante un Real Decreto el etiquetado accesible. Enmarcó esta iniciativa en un debate europeo más amplio. Puso en valor la utilidad de esta reforma ante el problema al que se enfrentan las personas ciegas, quienes a día de hoy, "tienen serias dificultades" para hacer la compra de forma autónoma y pueden llegar a confundir productos peligrosos por falta de información accesible, como por ejemplo "una botella de lejía" con otra de bebida.

El director general adujo que "esto no puede pasar en una democracia como la española" y recordó que el Ejecutivo español ya había trasladado a la UE "una propuesta de regulación del etiquetado accesible y que la Comisión Europea hizo una enmienda a la totalidad movida por un lobby".

La Comisión Europea frenó en septiembre de 2025 la propuesta de norma que había impulsado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para hacer obligatoria la información en braille y otros formatos accesibles en productos de consumo para garantizar la autonomía de personas con discapacidad visual. Junto con los gobiernos de Italia, Portugal, Hungría y Dinamarca, emitieron un dictamen motivado tras la revisión de la propuesta española en el marco del mercado interior europeo. En él se argumentó que el proyecto de Real Decreto, al "establecer requisitos de etiquetado específicos y obligatorios únicamente para el mercado español, podría ser contrario al principio de libre circulación de mercancías".

España, al formar parte del mercado interior de la UE, no puede regular unilateralmente aspectos que afecten a la libre circulación de mercancías si se estima que esos requisitos crean barreras al comercio. Cuando un Estado quiere aprobar una norma técnica que puede afectar al mercado interior, debe notificarla a la Comisión Europea en el marco de la Directiva (UE) 2015/1535, que obliga a los Estados miembros a comunicar previamente cualquier reglamentación técnica que pueda obstaculizar el libre comercio.

No obstante, Martín Blanco añadió que a pesar de lo anterior, "el Gobierno ha trasladado una nueva propuesta" al sector español de la discapacidad. "Hemos pasado ya a la ONCE y al Cermi una nueva propuesta. Confiamos en que la Comisión Europea la vea con buenos ojos", remachó.

INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

Por su parte, la eurodiputada del PP y ponente de la Estrategia Europea de Discapacidad en el Parlamento Europeo, Rosa Estarás, situó el etiquetado inclusivo entre las prioridades a impulsar en la UE y, al hilo de la discusión sobre los fondos, reclamó "unidad" y que se condicione "la financiación a la no discriminación y la accesibilidad" de productos y servicios.

A su juicio, estos dos principios deben ser esenciales en todos los reglamentos que se planteen en la legislación europea a partir de ahora, de manera que se tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad de manera "horizontal".

Este diálogo de #HistoriasdeCohesión reunió también al presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga; al director de Plena inclusión España, Enrique Galván; a la codirectora del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), Raquel Cárcamo; y al subdirector del Centro Europeo de Accesibilidad AccessibleEU, José Luis Borau.