Así lo dijo Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que expuso que Juan Carlos Campo y Laura Díez son los elegidos por el Gobierno para sustituir a los dos magistrados que el pasado junio cumplieron su mandato: el actual presidente, Pedro González Trevijano, y Antonio Narváez, ambos designados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013.

“El Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución y a tomar esta decisión”, defendió el ministro, por lo que “iniciamos el proceso para cumplir y nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional” que, dijo, le hubiera “gustado” que hubiera sido “simultáneo” con los dos del CGPJ, ya que los cuatro forman parte del mismo tercio que se debe renovar en bloque.

PRESIÓN AL CGPJ

De hecho, el ministro aseveró que el órgano de los jueces no tiene "nada más urgente ni nada más importante" que designar a esos dos nombres que le corresponden y a los que les obliga la ley desde septiembre. De esa dilación responsabilizó a los "ocho vocales" conservadores.

Según Bolaños, Campo y Díez son “dos juristas de reconocida competencia, indudable servicio público y compromiso con la ley y la Constitución”. Unos “perfiles idóneos” porque hay “pocas personas con un conocimiento tan amplio de la administración desde distintos puestos”.

El Ejecutivo se muestra seguro de que el exministro de Justicia y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia y actual vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña no serán frenados por el TC porque cumplen los requisitos “objetivos y sustantivos”.

No obstante, en el Gobierno se reconoce que existe el riesgo de que el TC paralice la toma de posesión de Campo y Díez aludiendo que falta la parte correspondiente al CGPJ del tercio que toca renovar. En ese caso se abriría, admiten en el Ejecutivo, una “crisis institucional sin precedentes”.

En la rueda de prensa, en la que la casi todas las preguntas al ministro versaban sobre este tema y la elección de Campo, Bolaños se mostró convencido de que los dos perfiles son “idóneos”. En el caso del exdiputado por Cádiz hasta cuatro legislaturas, incluso sostuvo que ha servido “a lo público desde distintos roles” y es una persona “muy reconocida y valorada en la izquierda y derecha” porque “es dialogante, de consenso, equilibrado, profundamente conocedor del derecho”. Todo eso hace que la decisión del Gobierno, del que dijo que todas las partes de la coalición estaban enteradas, sea “absolutamente idónea”.

El ministro explicó que con los nombramientos se remiten al TC para que “verifique” si cumplen con los requisitos de “idoneidad” que son simplemente ser “español, jurista, 15 años y de reconocida competencia”, “requisitos que cumplen sobradamente” ambos designados, aseveró Bolaños. “A eso se tiene que limitar el Tribunal Constitucional”, sentenció el ministro sobre lo que tiene que verificar el TC.

Sin embargo, admiten en La Moncloa que existe el riesgo de que el TC verifique que sí cumplen los requisitos pero que los deje en barbecho a la espera de los dos del CGPJ, de manera que Campo y Díez no tomarían posesión.

Así las cosas, en el Ejecutivo también reconocen que eso podría poner en marcha una “presión” del TC al CGPJ, especialmente a los “ocho vocales” que frenan la renovación, para que elijan a sus dos magistrados correspondientes porque “todos ellos han prometido el cumplimiento de la Constitución” y se está vulnerando una ley y la propia Carta Magna.

Ante las críticas por la designación de Campo, exministro y diputado por el PSOE, el Gobierno recordó que “el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no es un órgano jurisdiccional” sino el “máximo intérprete de la Constitución”. Y, como su labor es interpretar la Constitución, a sus integrantes los nombran órganos que tienen naturaleza política como es el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno.

Tal defensa hacen de los elegidos de los designados, que el propio Bolaños afirmó que tienen “la misma idoneidad que los que fueron nombrado hace 9 años” cuando, además de Trevijano, el elegido fue Enrique López, tan próximo al Partido Popular que ha estado en su Junta Directiva como responsable de Justicia y es actual consejero en el Gobierno que preside la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.