El capítulo más importante, dotado con 1.735 millones de pesetas, costeará el mantenimiento de 400 centros de desintoxicación y tratamiento, que el año pasado atendieron a unas 35.000 personas.

El Ejecutivo aportará 60 millones de pesetas para la puesta en marcha de programas dirigidos a colectivos en situación de alto riesgo por su deterioro físico o su situación social.

Las iniciativas de rehabilitación e inserción social de individuos con problemas jurídico-penales contarán con una partida de 320 millones de pesetas.

En cuanto a los programas de formación de profesionales especializados en el tratamiento y asistencia de las toxicomanías, el Gobierno asignó un presupuesto de 226 millones de pesetas.

Laúltima partida, de 120 millones de pesetas, financiará el Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías, cuyo objetivo es analizar los distintos indicativos asistenciales que permitirán un seguimiento de este fenómeno social en España.