Así lo apuntó el ministro en unas declaraciones a los medios tras hacer balance del primer año de la implantación de los tribunales de instancia como parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según dijo, la Comisión Europea, "por boca de sus portavoces", ya dejó "claro" que la regularización, cuyo plazo de solicitud concluyó ayer, "no choca con ninguna norma europea", además de puntualizar que "España tiene perfecto derecho a aprobar una regularización de estas características".

Tras esto, recordó que el TS ya rechazó las medidas cautelares para suspender el proceso, como solicitaron en su día Vox y varias asociaciones. "Ahí, el Supremo ya ha tomado una decisión", remarcó.

De este modo, explicó que lo que ocurre ahora es que el TS plantea si eleva esa cuestión prejudicial "con algunas dudas" al TJUE, ante lo que mostró su "total respeto" por la decisión que pueda adoptar". Eso sí, quiso dejar claro que, en caso de elevarse esa cuestión prejudicial, "no se suspendería el proceso de regularización", sino "el proceso judicial". Porque, insistió, "para suspender el proceso de regularización únicamente se podría hacer a través de una medida cautelar que el Supremo ya ha rechazado".

Así, hizo hincapié en que en el Gobierno tienen la "absoluta tranquilidad de que es un real decreto muy sólido, que ha contado con todos los informes preceptivos". Y aprovechó para añadir que el proceso "está siendo un éxito", tanto desde el punto de vista "de los derechos" como en el plano económico, ya que los regularizados contribuirán a la Hacienda Pública y se pondrá fin a la economía sumergida.

En cuanto a las informaciones que hablan de que la Policía habría alertado de que, entre las más de 1,2 millones de personas que han solicitado la regularización, hay unas 400.000 que se han sumado a la misma pese a no residir en España, el ministro fue tajante al señalar que para poder solicitar la regularización había que "estar en España en una fecha cierta", por lo que cualquier persona que hubiera llegado con posterioridad a esa fecha "no se va a poder acoger al proceso".

LEY DE NIETOS

El ministro también fue interpelado por la ley de nietos y las críticas de Vox y PP, que hablan de "golpe de Estado en diferido" o de "ingeniería electoral" para conseguir más votos en las elecciones. Lo primero que hizo Bolaños es recordar que su opinión es la misma que la que tenía el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "en el año 2022", cuando apoyaba la nacionalidad para los descendientes de emigrantes españoles como consecuencia de la Guerra Civil o la dictadura. "Coincidimos", dijo.

Así, defendió que estas personas "tienen derecho a ser nacionales españoles" porque "seguramente estarían en España si no hubiéramos sufrido aquella tragedia de la Guerra Civil y la posterior dictadura".

Asimismo, aprovechó para afirmar que lo que hacen PP y Vox es "una técnica de ultraderecha muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo", que consiste en "sembrar dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales". Con ironía, sentenció que ya lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020, por lo que espera que ambas formaciones "no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales", en referencia al asalto al Capitolio estadounidense.