El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en dos respuestas a Vox remitidas a la Cámara Baja, donde este partido había preguntado por aspectos de la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra y la eventual participación de Zapatero en este proceso.

Los de Santiago Abascal se habían interesado sobre dos aspectos del rescate de esta aerolínea que han aparecido en informes policiales remitidos al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Una de las cuestiones sobre las que preguntó Vox es si Zapatero trató con José Luis Escrivá, exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre el aplazamiento de la deuda que la compañía tenía con la Seguridad Social.

Este partido también quería saber la opinión del Gobierno sobre la transferencia de 530.000 euros a la sociedad Idella Consulenza Strategica, que, según consta en el sumario que instruye Calama, habrían ido a parar al extorno de Zapatero.

“GUARDAR SECRETO”

A ese respecto, en las respuestas parlamentarias del Ejecutivo recogidas por Servimedia, el Gabinete de Pedro Sánchez señala que “el artículo 7.2 del Reglamento del Congreso establece que la Administración puede negarse a facilitar la documentación si razones fundadas en derecho lo impiden”.

Se indica, en el caso de Plus Ultra, “la razón fundada en derecho es la existencia de un precepto con fuerza de ley, el artículo 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo”, en alusión a la disposición por la que se establecieron ayudas tras la pandemia, una de cuyas líneas gestionó la SEPI.

Así, el Gobierno dice que, en el artículo 2.17 del citado decreto, se habla de que “los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos”.

Se añade que las autoridades e instancias implicadas en los préstamos “quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada a los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas”.

No obstante, en las contestaciones parlamentarias se alude a que “este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren". Sin embargo, no puede solicitarse si solo lo solicitan los miembros de las Cortes Generales.