El pasado 13 de diciembre de 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos trasladó al Gobierno su decisión de declarar parcialmente admisible la demanda presentada por Batasuna contra el Reino de España por su ilegalización.

En dicha comunicación, el tribunal dio de plazo hasta el 13 de febrero a las partes para que presentasen nuevas observaciones sobre la demanda.

La abogacía del Estado, en representación del Gobierno español, ha presentado las alegaciones solicitadas y en ellas explica al Tribunal de Estrasburgo que la ilegalización de Batasuna se produjo por la necesidad de defender "los derechos fundamentales, el pluralismo y la democracia por concreta exigencia del Convenio europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales", según señala el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El escrito señala que "para salvaguardar el Estado de Derecho", el Ejecutivo español "está obligado a evitar las violaciones de derechos fundamentales que se producen como consecuencia del clima de terror generado por la organización terrorista ETA"

Dentro de esta estrategia, "diversas organizaciones surgidas por designio" de ETA, como es el caso de Batasuna, contribuyen a "la existencia, pervivencia y amplificación" del citado clima de terror.

Para la Abogacía del Estado, ETA "intenta perpetuar" las violaciones de los derechos humanos "utilizando distintas coberturas de apoyo político ya en forma de partidos, ya en forma de agrupaciones de electores".

"Es indudable que la actitud del partido político disueltoha contribuido a deteriorar las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, el pluralismo y las libertades políticas, utilizando la violencia para la consecución de sus fines, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas", asegura el escrito.

ATENTADOS DE LA T-4 Y CAPBRETON

La Abogacía del Estado incorpora a sus alegaciones el relato del atentado de la T-4 de Barajas, cometido en diciembre de 2006, el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia), el pasado mes de diciembre, así como la experiencia de los empresarios víctimas del impuesto revolucionarios.

Para el Gobierno, "sigue siendo obligado, precisamente para preservar el sistema democrático y las libertades, impedir que aparentes instrumentos participativos amplifiquen y justifiquen, desde las instituciones, el efecto intimidatorio que ETA ejerce sobre la sociedad".

El escrito defiende que la consideración de las pruebas contenida en la sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo es "larga y minuciosa" y totalmente ajustada a derecho.

La Abogacía del Estado hace un relato de todas las fórmulas utilizadas por Batasuna para justificar y amparar la violencia de ETA -decir que el terror es resultado del conflicto, el hostigamiento a los no nacionalistas, la ausencia de condena a las amenazas recibidas por sus adversarios políticos- y asegura que "la libertad de expresión no ampara las incitaciones a la violencia o el respaldo de la misma".

"En España, la defensa y consecución de cualquier objetivo político es admisible, lo que no es admisible es el empleo de la violencia para lograrlo", aseverá el escrito.

ANV Y PCTV

El escrito de la Abogacía del Estado también hace referencia al proceso de ilegalización abierto recientemente contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), en previsión de que estos dos partidos recurran también su posible ilegalización ante el Tribunal de Estrasburgo.

De cara a estos procesos, el escrito señala que, tras la disolución de Batasuna, "se han producido diversos intentos de dar continuidad" al frente institucional de ETA "mediante la constitución de un nuevo partido o la utilización de algún partido durmiente controlados por ETA y que súbitamente ha resucitado".

"La reacción del Estado frente a los intentos de defraudar la ley -a través de nuevos procesos de ilegalización-, ha dado y dará lugar a nuevas sentencias y, eventualmente, a nuevas demandas ante el Tribunal", advierte la representación legal del Gobierno.