Así lo afirmó la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa, donde compareció acompañada por la vicepresidenta Teresa Ribera y los ministros Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy.

Alegría tuvo que responder a varias cuestiones de los medios de comunicación sobre la entrada en vigor de la amnistía y en todas ellas recalcó que, tras superar todos los trámites para su aprobación parlamentaria y publicación en el BOE, “ahora les corresponde a los jueces aplicarla”.

“Desde hoy, es ya una ley que es efectiva y entra en vigor y les corresponde a los jueces su aplicación”, a pesar de las dudas que existen en diversas instancias judiciales sobre cómo aplicarla ante las dudas sobre su constitucionalidad o su posible conflicto con la normativa europea.

De hecho, el juez de instrucción Pablo Llarena ha comunicado esta misma mañana a la Policía que, pese a la entrada en vigor de la ley de amnistía, la orden de detención contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont permanece vigente.

Alegría evitó poner en duda el trabajo de los jueces pese a las preguntas sobre las declaraciones que distintos integrantes del Gobierno han manifestado al respecto en los últimos meses respecto a este y otros procesos, como el que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

La portavoz del Ejecutivo se limitó a repetir que “la ley es muy clara, cumple una misión que es en pro y mejora de la convivencia y a quien le corresponde aplicarla es a los jueces”.

Por su parte, fuentes gubernamentales recordaron que la ley de amnistía se puso en marcha desde el Grupo Parlamentario Socialista y fue aprobada por el Congreso de los Diputados "con objetivo loable y legítimo", hasta el punto de considerar que "ha dado resultados antes de entrar en vigor". Ahora, subrayaron, "corresponde a los jueces" aplicarla, para lo cual deberían "tener en cuenta la voluntad del legislador".

Alegría defendió también que la publicación en el BOE dos semanas después de su aprobación en las Cortes Generales ha seguido “plazos absolutamente normalizados” y, como ejemplo, se reifiró a la ley de enseñanzas artísticas que ha promovido su ministerio y “ha estado 14 días antes de su publicación en el BOE” frente a “sólo 12 días” de la amnistía.