Desde el Ejecutivo explicaron la importancia de llevar el martes de la semana que viene al Consejo de Ministros la aprobación de un nuevo real decreto que prorrogue, más allá del 30 de septiembre, algunas de las medidas de apoyo para acompañar a los sectores más afectados por la guerra de Oriente Próximo.

Fuentes del Ejecutivo desvelaron a Servimedia que están “monitorizando” la situación en un contexto de “elevada incertidumbre" y desde la semana pasada se han producido una serie de reuniones entre el Ejecutivo y los sectores más afectados para calibrar las medidas que seguirían prorrogándose o cuáles sería necesario realizar alguna modificación a la vista del recrudecimiento del enfrentamiento.

De hecho, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lideró una reunión la semana pasada en la que participaron la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Arcadi España y Elma Saiz. Acudieron, por parte de las patronales, Antonio Garamendi (CEOE) y Mayte Gómez (Cepyme), y de los sindicatos, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO).

Así, señalaron que a lo largo de toda esta semana, el Ejecutivo sigue trabajando en esta plan de respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios, atendiendo especialmente a los sectores profesionales más afectados, como son el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena.

Desde Sumar plantearon que se prorroguen todas las medidas que caducan el día 30 y, además, pidieron la creación de un gravamen temporal sobre el sector del refino, los topes al precio del alquiler, una actuación “sobre el poder adquisitivo, la distribución y la cesta de la compra” y la reactivación de la excepción ibérica “frente a los incrementos extraordinarios del precio del gas”.

FINANCIACIÓN

La prioridad del Ejecutivo, una vez aprobado el martes que viene este real decreto, es sacar adelante el nuevo el nuevo modelo de la financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Arcadi España, logró el visto bueno a esta propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de principios de septiembre, aunque solo contó con el voto a favor de Canarias y Cataluña. El resto de las comunidades de régimen común, incluidas Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, se opusieron.

Hacienda ha insistido en varias ocasiones en que su objetivo es que esta propuesta se tramite en el Congreso a lo largo de este periodo de sesiones, con la intención de que el nuevo modelo de financiación autonómica esté en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

Para ello, el Gobierno debe aprobar el texto en un anteproyecto de Ley en Consejo de Ministros y remitirlo, después, al Congreso de los Diputados. Ahí comenzarán las complicaciones, ya que Hacienda tramitará esta norma como Ley Orgánica, que exige mayoría absoluta, con 176 diputados, en votación final en el Congreso.

La propuesta acordada a comienzos de mes en el CPFF, además de suponer 20.975 millones de euros más para las comunidades en 2027, también incluye un fondo que compensará por turismo masivo o despoblación. Desde el Ejecutivo se marcan como tope hasta finales de septiembre para sacar adelante esta reforma y dar cumplimiento así al compromiso que el Gobierno mantiene con ERC.

PRESUPUESTO

Una vez pasada la página de la financiación, en el Ejecutivo insisten en que "cumplirán" con su palabra y presentarán los presupuestos, aunque ya no señalan aquello de "en tiempo y forma" que decían hace un año. Sin embargo, es la fecha más esperada en el calendario de este otoño y, en parte, de lo que queda de legislatura.

Las cuentas actuales son una prórroga de las de 2023, aprobadas en 2022, por lo que el Gobierno quiere llegar a las próximas elecciones con la promesa cumplida de presentar unos nuevos PGE, al margen de lo que decida después el Congreso.

La idea inicial era presentar unas cuentas para el año en curso, 2026, antes del primer trimestre, pero los acontecimientos internacionales cambiaron los planes del Gobierno. El Ejecutivo se escudó en la incertidumbre provocada por la guerra en Oriente Medio para esperar a revisar el cuadro macroeconómico y dar por perdida la posible presentación de los PGE 2026.

El Gobierno actualizó después el cuadro macro, con una revisión de cuatro décimas al alza el PIB español para 2026, hasta el 2,6%, y una décima al alza para 2027, hasta el 2,2%. También incluyó perspectivas hasta el 2029, con una estimación del 2,1% para 2028 y un 2% para 2029. El cuadro macro 2026-2029 contó con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El objetivo se centró entonces en elaborar las cuentas del último año de legislatura, con un fuerte impulso a la vivienda y al refuerzo del Estado del Bienestar, compatibles con la responsabilidad fiscal y la reducción del déficit público, para acabar la legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB.

Antes del verano, el Gobierno avanzó en el establecimiento de los objetivos de déficit para los PGE de 2027, aunque se encontró con el revés de la Cámara Baja en dos ocasiones.

Hacienda propuso un déficit total de las administraciones públicas del 1,8% en 2027, con un 1,5% para la Administración Central y un 0,1% para las comunidades autónomas. Por su parte, las entidades locales quedarán en el 0% y la Seguridad Social deberá tener un déficit del 0,2%.

Los objetivos de deuda pública quedaban fijados en 2027 en el 97,6%; en el 96,4% en 2028; y en el 95,3% en 2029. La regla de gasto se situaba en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028; y en el 3,6% en 2029.

Tras el rechazo del Congreso, Hacienda siguió adelante con los objetivos del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo (Pfemp) acordado con Bruselas, en el que se establece el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas.

El techo de gasto para los PGE de 2027 será de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que en su propuesta del año anterior. A la vuelta del verano, Hacienda ha retomado los contactos con los grupos parlamentarios para negociar y tratar de conseguir apoyos de cara a la futura negociación en el Congreso. Por lo que el Ejecutivo se da hasta octubre para presentar las cuentas públicas y señalan desde Moncloa que este retraso no significa que vayan a renunciar a la cuentas, sino que buscan avanzar en estos contactos que, de momento, se están dando sin luz ni taquígrafos con el resto de grupos para administrar bien las negociaciones durante las próximas semanas.