La norma establece un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas. El documento también contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de enseñanzas.

El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado con necesidades educativas especiales entren en vigor el próximo curso 2026/2027, calendario que ha recibido las críticas de numerosas comunidades autónomas, que son las responsables últimas de su aplicación.

Según Educación, las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

“Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy verán que lo estamos cumpliendo”, señaló la ministra Milagros Tolón durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Educación matizó que, "de manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional".

Según el Gobierno, hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.

La ministra destacó que el hecho de que cada docente tenga menos estudiantes que atender, o que comparta la atención a esos alumnos con otro profesor o profesora, “mejorará sin duda la calidad de la docencia y el tiempo con el que se cuenta para trabajar con cada estudiante”. “Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, dijo.

Tolón también recordó que el proyecto es fruto del "diálogo" con la comunidad educativa, por lo que cuenta con un amplio consenso entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa, pasando por el Consejo Escolar del Estado, que dictaminó favorablemente el documento. “No es una decisión unilateral, es un avance compartido”, aseveró.

El próximo paso es la remisión del documento al Congreso para su tramitación parlamentaria, sobre lo que la ministra expresó su confianza en que las Cortes Generales “sabrán estar a la altura”.

La ministra agregó que además de este proyecto de Ley, el Ministerio está trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, sistemas selectivos e ingreso en la función pública docente, formación permanente del profesorado, y en la reducción de la carga burocrática mediante la puesta en marcha de una IA soberana, entre otras medidas.

"Estamos ante una ley que revierte los recortes de 2012", "mejora la calidad de la enseñanza", "cuenta con el consenso de la comunidad educativa" y garantiza "un tratamiento homogéneo" en toda España, zanjó la ministra.