Así lo confirmó hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, al término de su compaecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.

En dicha Comisión, la diputada socialista Isabel López i Chamosa pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para atender a este colectivo.

Camps explicó que ha recibido una petición de los representantes de los prejubilados en ese sentido. Estos representantes "nos trasladan que en algunos casos la salida es injusta, sobre todo cuando fue por carácter obligatorio, y, además, tras largos periodos de cotización". "La conclusión" a la que ha llegado el Gobierno es que, "dado el número de jubilados anticipados y la manera tan distinta de expulsión o de abandono voluntario, tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por aquel colectivo que saliera en peor condición".

La determinación de qué colectivos son o no perjudicados es "enormemente compleja y difícil de realizar", reconoció Camps, que señaló que mantendrá contactos con los representantes de los prejubilados para determinar quiénes deberían beneficiarse de as ayudas.

"Estamos intentando determinar este colectivo con las propias asociaciones, para ver si el esfuerzo lo podemos realizar por esas personas que más esfuerzo realizaron, que peor salieron del mercado de trabajo y que están en edades que merece la pena hacer un esfuerzo por ellos", añadió el secretario de Estado de Seguridad Social.

Las personas que se jubilaron anticipadamente antes del pasado 1 de enero están viendo rebajada su pensión con unos coeficientes reductores más duros que los qe están en vigor desde esa fecha. El Gobierno estudia cambiar esa situación aplicando los coeficientes más beneficiosos para los jubilados.

Una medida similar ya está beneficiando a las personas que, estando prejubiladas antes del 1 de enero, comienzan ahora a llegar a la jubilación anticipada.