Así lo anunció este lunes, en una rueda de prensa, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este ministro explicó que este martes elevará al Consejo de Ministros un “informe completo” sobre desarrollo de la Ley de Memoria y lo que está sucediendo al respecto en autonomías gobernadas por PP y Vox.

En concreto, señaló que en este análisis se ha examinado la ley aprobada ya en Aragón y las iniciativas legislativas que se están tramitando en Valencia y Castilla y León. En ambos casos, el Gobierno entiende que se contradice o cuestiona la ley nacional en aspectos como el tratamiento del franquismo o las exhumaciones.

HUBO “REPRESIÓN”

Torres indicó que, con Aragón, que ya aprobó su ley, recurrirán primero al procedimiento del artículo 33.2 del Tribunal Constitucional, que permite evitar la interposición de recursos si hay acuerdo previo entre el Ejecutivo central y una autonomía.

En todo caso, el ministro señaló que recurrirán tanto la ley aragonesa como las futuras de Valencia y Castilla y León si no se atienen a lo establecido en la normativa estatal.

A este respecto, indicó que la ley aragonesa conlleva aspectos “que invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos”. Sostuvo que se pone en cuestión que esta vulneración de derechos se diera durante el franquismo, etapa durante la que dijo que “sin duda” hubo “represión”.

Además, criticó que en las normas que se tramitan en los Parlamentos de Valencia y Castilla y León lo que se pretenda es “igualar” el franquismo con un “régimen democrático” como la Segunda República.