El mencionado recurso, según explicó el consejero de Presidencia y de Trabajo, Joaqín Cuello, estimaba que la mencionada ley vulneraba determinadas normas competenciales, dado que incidía en materias reservadas al Estado, concretamente las relativas a expropiación forzosa e impuestos.

Según el consejero, el TC entiende que el mecanismo expropiatorio no ha sido conculcado por esta ley. "El Constitucional ve perfectamente armonizable el interés social y lo que es propiamente expropiación que compete al Estado", indicó Cuello.

Respecto al establecimiento de un impuesto para aquells fincas que no se ajusten a las condiciones estimadas como óptimas para su explotación, los recurrentes consideraban que el Gobierno regional no tiene competencias para ese tipo de sanciones.

Sin embargo, el TC entiende que hay que distinguir entre lo que se llama "hecho imponible" y "materia impositiva", apuntó el consejero Joaquín Cuello.