En concreto, Transportes suscribió este viernes un acuerdo con la comunidad autónoma de Asturias para financiar la construcción de 236 viviendas destinadas al alquiler social y asequible y facilitar así el acceso a una vivienda digna y energéticamente eficiente.

Asimismo, firmó hoy otros dos acuerdos, uno con la Generalitat de Cataluña para la rehabilitación de 3.483 viviendas en 38 municipios de ámbito no metropolitano, y otro con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida para rehabilitar otras 40.

Estos acuerdos se suman a los anunciados ayer junto a la comunidad de Castilla-La Mancha para la construcción en alquiler social y asequible de 774 viviendas.

En el caso de Asturias y Castilla-La Mancha, Transportes aportará en total 46,6 millones de euros (9,4 y 37,2 millones de euros, respectivamente) de fondos NextGenerationEU, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para impulsar la construcción de viviendas asequibles y sociales.

Los fondos transferidos por el Ministerio forman parte del Programa de ayuda para la construcción de 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dotado con 1.000 millones de euros, del Plan de Recuperación.

Este programa tiene el objetivo de incrementar el parque público mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

Por otro lado, los acuerdos firmados con Cataluña y Extremadura se enmarcan en el Programa de ayuda para la rehabilitación de entornos residenciales a nivel barrio del PRTR.

De esta forma, para acometer la rehabilitación de las casi 3.500 viviendas en 38 municipios de ámbito no metropolitano de Cataluña, aportará 42,8 millones de euros; y 682.196 euros para financiar la rehabilitación de otras 40 viviendas en la ciudad de Mérida.

El Programa de ayuda para la rehabilitación de entornos residenciales a nivel barrio contempla la transferencia de hasta 2.970 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas en tres anualidades para financiar este tipo de intervenciones en viviendas, edificios residenciales y barrios.