Concretamente, el acuerdo lo rubricaron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en un acto en el que coincidieron en señalar la importancia de que la accesibilidad esté presente en todos los ámbitos de la vida, ya ofrezcan servicios físicos o remotos, y en que las administraciones públicas sean las primeras en proporcionarla y contribuir así a la normalización de colectivos como el de las personas con discapacidad.

Para lograr este objetivo, Fundación ONCE estudiará y analizará las barreras existentes en este momento para que los ciudadanos accedan a servicios presenciales o virtuales, así como a los contenidos relacionados con ellos, tanto en sitios web como en oficinas.

En esta línea, el convenio señala que en caso de que las partes estimasen necesaria la realización de estudios pormenorizados de accesibilidad al entorno físico de atención, Fundación ONCE asesoraría sobre las diferentes opciones existentes para llevarlos a cabo.

Por su parte, el Ejecutivo se compromete a desarrollar y aplicar tecnología para mejorar la accesibilidad en los servicios de la Administración de Justicia que fuera necesario, a través de la colaboración con Fundación ONCE.

Tal y como destacó Bolaños, este convenio es el resultado de "un trabajo compartido" que no se detiene aquí, porque "vamos a seguir profundizando para que la justicia que queremos, que es un servicio público", sea "accesible a las personas con cualquier tipo de discapacidad".

Y en lo que se refiere al citado convenio, insistió en la idea de que desde el Gobierno y su ministerio "vamos a llevar a cabo proyectos específicos para hacer la justicia más accesible a las personas con discapacidad".

En este sentido, destacó el trabajo del Ejecutivo "para reforzar sus derechos" y recordó la "reforma social" que se llevó a cabo para "superar un término que resultaba ofensivo", el de disminuidos. "Ahora se les denominan personas con discapacidad", zanjó.