La Comisión Estado-Generalitat se reunió este lunes en Barcelona para pactar unas bases de un nuevo modelo de financiación autonómica para Cataluña, con la intención, según fuentes gubernamentales, de reformar el sistema común en su conjunto tras casi 12 años de caducidad del vigente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunieron junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; y los consejeros de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Alicia Romero (Economía y Finanzas) para dar solemnidad al acuerdo para la financiación singular de Cataluña. Un pacto que dota a esta comunidad autónoma de mayores cotas de soberanía fiscal en virtud del pacto firmado, hace casi un año, por el PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa.

El ministro Torres y el consejero Dalmau explicaron el pacto en una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que recalcaron que la nueva fórmula acordada reconoce un mayor autogobierno de la comunidad pero, recalcan estas fuentes, con nuevas "reglas comunes", estableciendo que todas las comunidades que así lo soliciten tendrán este modelo desde una óptica “federal”, en referencia al modelo tributario. En el caso de la Generalitat, la meta final es la recaudación y gestión del 100% de los tributos generados en Cataluña. "No es un sistema de privilegios, sino de responder a la financiación de los servicios públicos de nuestro país", remarcó Dalmau.

"Este acuerdo sienta las bases para que se tengan en cuenta las necesidades de Cataluña y el resto de comunidades, la bilateralidad es compatible con la multilateralidad", señaló Torres. La propuesta contempla que la Generalitat recaude directamente todos los impuestos generados en su territorio y los gestione desde una Hacienda propia. A pesar de que el plan todavía no se traduce en cifras concretas, lo hará previsiblemente a finales de 2025.

"Estamos hablando de un cambio de paradigma que pasa de un modelo basado en los ingresos, en la corresponsabilidad, respetando el principio de ordinalidad y solidaridad", señaló Dalmau. Se trata de revertir el funcionamiento del modelo actual. En lugar de que el Estado central recaude los impuestos y después transfiera recursos a las comunidades, sería la Generalitat quien ingresaría y agruparía todos los tributos en una "cesta de impuestos", según explicó Dalmau, y, en la propuesta de máximos, decidiera qué le devuelve al Estado.

La recaudación la asumirá la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), que actuaría como una Hacienda propia catalana. Sin embargo, los tipos impositivos de los impuestos estatales seguirán dependiendo del Estado, recalcaron. La Generalitat únicamente podrá recaudar. Además, el modelo será "generalizado" para que el resto de autonomías que así lo quieran puedan adoptarlo. En palabras de Dalmau, "se pasa de un modelo basado en el gasto a un modelo basado en los ingresos".

"Será una mezcla entre la bilateralidad entre las necesidades catalanas y la multilateralidad del resto de autonomías", destacó Dalmau. Desde el Govern defendieron que el sistema se sustenta en tres principios fundamentales. Primero, la responsabilidad fiscal, que vincula el gasto público a la recaudación efectiva. Segundo, la solidaridad sin penalización, con un diseño que no castigue a los territorios con mayor capacidad fiscal. Y tercero, la aplicación de criterios técnicos objetivos y verificables en el cálculo de aportaciones y transferencias.

Sin embargo, la Generalitat reconoció que aún no está técnicamente preparada para asumir toda la recaudación. Fuentes del Departamento de Economía admitieron a Servimedia que la ATC no puede gestionar, por ejemplo, el IRPF de forma inmediata, ya que no dispone de una infraestructura tecnológica plenamente operativa ni suficientes funcionarios.

"La ATC no va a comenzar a caminar en un día", señaló Dalmau. Sin embargo, ya se está trabajando desde hace meses en la ampliación de la plantilla de la ATC para dotarla de más capacidad. Por eso, el despliegue sería progresivo y se culminaría tras una reforma legislativa pactada, que incluye la modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), la que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña (Ley 16/2010).

DESPLIEGUE DE LA ATC

Por su parte, Torres se comprometió "a trabajar en el despliegue la Agencia Tributaria Catalana e impulsar los cambios legislativos necesarios". El acuerdo implicará una cuota de solidaridad calculada "de manera transparente", aseguró Torres.

Así, se pagarían tres grandes bloques: los gastos del Estado en Cataluña (infraestructuras, seguridad, justicia…), las competencias que ya gestionan todas las autonomías y, por lo tanto, también la Generalitat (sanidad o educación) y una aportación solidaria al conjunto del Estado. Esta última se haría respetando el principio de ordinalidad, es decir, garantizando que Cataluña no quede en peor posición relativa tras la redistribución, explicaron ambos dirigentes.

El Gobierno central llevará su propuesta de financiación autonómica nacional después del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que sean las Cortes Generales posteriormente las que avalen este nuevo modelo. La nueva ley debería estar aprobada, según el calendario previsto, antes del 31 de diciembre de 2025.