La tendencia, no obstante, es positiva, ya que en 1994 los errores judiciales exigieron un desembolso de 80 millones de pesetas, mientras que en 1995 se había reducido a 40 millones.

Los errores de los jueces, el funconamiento anormal de la Administración Justicia y la prisión preventiva, esto es, que el procesado haya sobrepasado sin razón alguna el tiempo de prisión establecido en la ley, son las causas por las que asume responsabilidades económicas el Ministerio de Justicia.

Desde 1994, se han interpuesto 850 denuncias de ciudadanos agraviados por la Justicia. En los tres últimos años, el funcionamiento anormal de la Justicia ha sido la causa principal de las que fueron interpuestas, en tanto que del total sólouna veintena se han debido a una presunta equivocación del juez durante el procedimiento incoado.

No todas las denuncias obtienen la respuesta esperada. Al retraso que sufre el estudio y resolución de los casos denunciados se suma que aquellos que son estimados, es decir, en los que se demuestra que el denunciante tenía razón, es muy escaso. Un ejemplo es que sólo fueron estimados 49 expedientes de 1994 y 32 de 1995.

Asimismo, de las 247 denuncias interpuestas hasta el 30 de septiembre del año paado, el Ministerio de Justicia únicamente ha resuelto tres a favor del interesado, por las que ha pagado 3.140.000 pesetas.