Según consta en la referencia de la reunión del Gabinete que preside Pedro Sánchez celebrada este martes, el artículo 149.1.32ª de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

No obstante, se apunta que la Ley de Bases del Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a pedir una votación. Esta puede hacerse, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno municipal y autorización del Gobierno, para asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

El Gobierno explica que, en este caso, el informe de Aragón señala expresamente que "el usuario de las residencias no se limita a los vecinos del municipio, sino que, con carácter general, pueden ser ocupadas por personas de otras localidades limítrofes o no, excediendo su propio ámbito geográfico".

Así las cosas, el Ejecutivo concluye que la “consulta planteada, por tanto, no se adecúa al parámetro de territorialidad establecido en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local y no reúne todos los requisitos de fondo legales exigidos, ya que no es competencia de un asunto propio municipal ni es de carácter local”.