Para resolver este problema, el Gobierno ha abierto una vía hacia una posible solución: el seguro de dependencia, que será impulsado este año, según fuentes del Ejecutivo.

Así consta en el primer informe oficial sobre seguro de dependencia elaborado por el Gobierno, al que tuvo acceso Servimedia. El estudio entrará en el Parlamento, donde se debatirán los prmenores sobre cómo resolver un problema, la dependencia, que será más grave en los próximos años debido al progresivo envejecimiento de la población, entre otras causas.

El estudio, de casi 200 folios, parte de la necesidad de una declaración clara de lo que es dependencia y llega a la conclusión de que la sufren personas con limitaciones severas de orden físico y mental que requieren de la ayuda de otras personas. Esto supone, además de la dependencia por motivo de envejecimiento, recorrer toda la etructura de edades de la población, puesto que engloba malformaciones congénitas o accidentes que provocan discapacidad, o nuevas enfermedades que, como el sida, impiden a algunas personas valerse por sí mismas.

A pesar de este reconocimiento de la amplitud del concepto de dependencia, el primer paso del Gobierno y el informe se refieren a las personas con más de 65 años, que en 2000 eran en España 6,6 millones e irán creciendo a un ritmo de 100.000 más cada año, para situarse en 7,2 millones en 20107,8 en 2020.

De este núcleo poblacional, un porcentaje que sobrepasa el 50% padece alguna enfermedad y, de ellos, a más de un 30% estos achaques les impiden desarrollar su vida normal. Actualmente, la atención la prestan los servicios dependientes de la Seguridad Social o la colaboración desinteresada de las familias.

SEGURO PRIVADO

Por ello, el Ejecutivo reconoce que "el aseguramiento privado del riesgo de dependencia contribuye a paliar una necesidad social que, sin duda, por el envejecimieno de la población, se verá incrementada en el futuro".

Además, el seguro privado de dependencia "permitirá la creación de un ahorro finalista y a largo plazo" y, tal y como demuestran algunas experiencias internacionales (en Estados Unidos lo tiene el 12% de la población), constituye un "efecto estimulante" sobre el ahorro.

"Los fondos afectos a la cobertura de tal contingencia pueden ser un instrumento de apoyo a la inversión real, y ello no sólo porque contribuyen a la expansión y profundidad d los mercados, sino también por la magnitud que, con el tiempo y con una adecuada configuración, pueden llegar a tener", afirma el Gobierno, además de destacar las consecuencias positivas de la gestión de estos fondos para la creación de empleo.

Ahora bien, el informe considera necesario partir de dos premisas a la hora de elaborar el citado seguro: garantizar la prestación y el buen funcionamiento de los gestores mediante un "registro de prestadores de servicios" y fijar un baremo de grados de dependncia que impida la picaresca y las controversias por las dos partes, asegurador y asegurado.

INCENTIVO FISCAL

A partir de aquí, el informe cree que el diseño del nuevo seguro de dependencia no es complicado, utilizando como base los actuales modelos de seguro (vida, enfermedad o fondos de pensiones), si bien reconoce que sería preciso un especial tratamiento fiscal, aún por configurar.

"Se hace necesario introducir (...) las reformas que se consideran necesarias de cara a poder incentivar desdeel sector público este producto asegurador privado", reconoce el informe.

Así, sería preciso tratar favorablemente desde el punto de vista fiscal las primas y aportaciones al seguro, además de fijar dos regímenes: para los mayores de 52 años -con menos tiempo para aportar al seguro- y los de menos de esta edad, con mayor recorrido.

Además, sería preciso fijar nuevos capítulos de deducción en el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para el tratamiento del seguro de dependenciatambién un régimen fiscal concreto y favorable para los prestadores de los servicios y las aseguradoras que gestionen este seguro.

Todo el modelo, tanto en su definición como en la cuestión de los incentivos fiscales, queda ahora abierto al debate parlamentario en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, si bien fuentes del Ejecutivo consultadas por Servimedia confiaron en abrir el debate sobre esta cuestión "lo antes posible".