La estrategia forma parte de la agenda global de juventud para garantizar el abordaje integral de los problemas que afectan a la adolescencia y la juventud, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas, lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, los derechos de las mujeres y la violencia de género, la discriminación por motivos raciales o étnicos, el reto demográfico y el cambio climático, entre otros.

La iniciativa, que se compone de 12 ejes temáticos, 10 estratégicos y dos transversales, se pondrá en marcha a través de tres planes de acción trienales: 2022-2023, 2025-2026-2027 y 2028-2029-2030, cada uno de los cuales desarrollará, actualizará y verificará el grado de cumplimiento de las líneas y objetivos estratégicos marcados en la estrategia.

Estos objetivos son los siguientes: garantizar la educación y formación inclusivas, equitativas y de calidad, y el acceso a la cultura y al aprendizaje durante toda la vida, actualizar la Formación Profesional y abrirla a la educación permanente, e impulsar vocaciones científicas; garantizar la “plena autonomía” de las personas jóvenes, mediante el acceso al “empleo digno, estable y bien remunerado, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida laboral y la personal”; y posibilitar la emancipación de los jóvenes, el desarrollo de su proyecto vital y la maternidad o paternidad “libremente elegida”, a través del acceso a la vivienda de alquiler y la promoción de la de la vivienda social.

También nace con la pretensión de garantizar la “salud integral” y la calidad de vida” para todos los adolescentes y jóvenes; garantizar la “plena inclusión” de los que viven en “grave riesgo de exclusión social o sujetos a doble discriminación”; impulsar a la juventud como “agente de transformación social”, “apoyando decididamente el voluntariado y el asociacionismo, abriendo nuevos cauces de participación política efectiva ‘on’ y ‘offline’ y apoyando la apertura del debate sobre el voto a los 16 años”.

Por último, aspira a facilitar la movilidad y los derechos de la juventud en los procesos de emigración y retorno, convertir el medio rural en un “espacio de oportunidades” para los jóvenes y promover la transición verde”, dar a conocer la “realidad juvenil”, incorporar a los jóvenes como “actores con derecho propio” en la cogobernanza de las políticas de juventud, incorporar una “perspectiva feminista” en las iniciativas que les afecten e involucrarles en el desarrollo de la Agenda Verde.