Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa trasladaron esta tarde que, incluso aunque haya salido adelante esta propuesta impulsada por Izquierda Europea y los Verdes, los procedimientos “ya permiten su entrada en vigor provisional en cuanto un Estado de Mercosur lo ratifique”.

Estas fuentes restaron importancia a lo sucedido hoy al señalar que el hecho de pedir una opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los tratados comunitarios “es un procedimiento habitual” y manifestaron su disposición a trabajar para avanzar en la entrada en vigor.

El pasado sábado tuvo lugar la firma del acuerdo en Paraguay. Economía destaca que este acuerdo supondría un impulso significativo para las empresas españolas, pues tendrían más oportunidades de exportación, reducción de barreras y un impacto económico positivo. Daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores y cerca del 25% del PIB global.

El acuerdo suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Cada mes de retraso en la entrada en vigor “implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores”, según alertó el Ministerio.

Ante las protestas de los agricultores en contra de este acuerdo por considerar que no garantiza una reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales ni de bienestar animal, y carece de un control y salvaguardia, Economía responde que incorpora "compromisos firmes en materia de sostenibilidad” y “cláusulas de salvaguardia específicas para los sectores más sensibles, en particular el agrícola”.

En concreto, señala que recoge compromisos vinculantes contra la deforestación y la protección de los derechos laborales y el compromiso de alumbrar un nuevo reglamento para agilizar la aplicación de medidas de salvaguardia en productos sensibles, especialmente agrícolas.