Así lo expone la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra mañana.

La declaración recoge, asimismo, que la situación de Ceuta exige una “atención prioritaria” y subraya la importancia de reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos.

Respecto a la infancia migrante no acompañada, el Ejecutivo considera "imprescindible" fortalecer el sistema de protección para garantizar su tutela efectiva, prevenir fugas y desapariciones de centros de acogida y evitar situaciones que incrementen su vulnerabilidad frente a las redes de trata.

El texto también define la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual como una "esclavitud moderna" que convierte a las personas más vulnerables en "simple mercancía" y denuncia que constituye una grave vulneración de los derechos humanos.

El Gobierno recordó que, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en España, el 98,54% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas en 2025 eran mujeres y niñas. Por ello, defendió reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, especialmente en contextos marcados por múltiples factores de vulnerabilidad, como la migración forzada, el racismo o la discapacidad.

También reivindica el papel de España como referente internacional en la protección de las víctimas y el texto destaca iniciativas como las ayudas económicas a víctimas de violencia sexual, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los 13 millones de euros destinados en 2026 a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata.

Además, la declaración subraya la necesidad de adaptar la respuesta pública a los nuevos métodos de captación y control facilitados por las tecnologías digitales. Finalmente, el Ejecutivo enmarca estas medidas en el futuro anteproyecto de ley contra la trata, una norma aún paralizada, pero que situará la identificación, asistencia y protección de las víctimas "en el centro de la acción" pública y reforzará las políticas dirigidas a erradicar la explotación sexual y la trata.