Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada al Congreso, donde el PP había preguntado sobre la supuesta implantación en Soto del Real por Instituciones Penitenciarias de un "libro de firmas" que obliga a funcionarios y trabajadores “a registrar sus movimientos únicamente en la prisión de Soto del Real, donde permanece preso el exdirigente socialista”.

A este respecto, desde Moncloa, según contestación recogida por Servimedia, se indica “que el libro de firmas diario es el libro de servicios, donde los profesionales penitenciarios de todas las áreas firman su asistencia al puesto de trabajo y es obligatorio en todos los centros penitenciarios, por lo que no existe ninguna vulneración en la igualdad de trato a las personas privadas de libertad”.

El Gabinete de Pedro Sánchez negaba así que se esté dando un trato de favor a Cerdán para, por ejemplo, evitar eventualmente que alguna de las personas que trabajan en la cárcel le haga alguna foto. De hecho, en meses pasados ya se han difundido imágenes de que este exdirigente dentro de Soto del Real.

“REGISTRAR LA CIRCULACIÓN”

En su pregunta, el PP señalaba que “recientemente se ha podido conocer a través de los medios de comunicación que se han implantado medidas excepcionales en el centro penitenciario de Soto del Real, todas ellas dirigidas a proteger la privacidad del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, como es la instauración de un ‘libro de firmas’ obligatorio en todos los módulos para registrar la circulación del personal, así como la limitación de información sobre las visitas de los internos”.

Por ello, los populares se interesaban sobre “cuáles son los criterios técnicos y objetivos” para este ‘libro de firmas’ y “cuál es el motivo real que ha dado origen a esta decisión que afectará a todos los módulos de la prisión de Soto del Real”.

El primer partido de la oposición también aseveraba que “este tipo de medidas excepcionales podrían vulnerar el principio de igualdad de trato entre internos al constituir un privilegio encubierto hacia un exalto cargo socialista”.

Por este motivo, se preguntaba también al Gobierno si “ha adoptado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas similares en alguna otra prisión española con respecto a internos de relevancia pública”.