El Consejo de Ministros aprobó la nueva definición de alimentos frescos y perecederos, que incluyen pan, bollería y pastelería del día, pastas, carnes, pescados, frutas y verduras, huevos, zumos y batidos, entre otros, y que deberán abonarse por sus compradores en un máximo de un mes.

También se ha concretado una definición de lo que ha de entenderse por demás productos de alimentación y por productos de gran consumo, que están sujetos a una obligación de pago a los proveedores en un plazo máximo de 60 días.

El Gobierno trata así de acercar la normativa española a la comunitaria y, sobre todo, luchar contra la morosidad en los pagos a proveedores y primeros productores, algunos de los cuales ven peligrar sus explotaciones por la tardanza en cobrar sus productos.