Estos principios quedan recogidos en un "acuerdo de bases" alcanzado hoy por el Ministerio de Defensa e Izquierda Unida, formación que viene reclamando una mayor implicación del Congreso de los Diputados en las decisiones sobre operaciones militares.

La redacción final de la Ley de Defensa Nacional establecerá que todos los envíos de tropas y las modificaciones, cualitativas o cuantitativas, en una misión que ya haya sido aprobada deben ser explicados en el Congreso de los Diputados y autorizadas por medio de una votación.

Además, IU el acuerdo consagra la polémica opción de que las misiones militares en el exterior tengan que estar "amparadas y conforme" con Naciones Unidas, en contra de la fórmula propuesta por el PP, que lo limitaba a que fueran "amparadas o conforme" con la ONU, y que condicionaba a esta cuestión su apoyo a la Ley.

El envío de contingentes a Afganistán generó las primeras fricciones en la relación de la coalición dirigida por Gaspar Llamazares con el Gobierno socialista al que presta apoyo parlamentario, diferencias que se tradujeron en el voto negativo a ese envío y se acentuaron cuando el responsable de Defensa, José Bono, acordó mandar un segundo contingente.

Bono informó de ese incremento de la presencia militar en Afganistán ante la Comisión de Defensa, pero no la sometió a votación en el Pleno del Congreso, decisión que IU considera un incumplimiento de los compromisos del Gobierno y del PSOE, que volvió a recordar tras la muerte de 17 militares en un accidente de helicóptero.

La coalición ha provechado la tramitación de la Ley de Defensa Nacional para negociar, en reuniones bilaterales con el Ministerio, la forma de dar más protagonismo al Congreso de los Diputados en estas decisiones y de garantizar que las misiones de carácter militar que apruebe el Gobierno cuenten con el respaldo de Naciones Unidas.