El borrador del real decreto establecía, hasta ahora, que esta cuota se aplicaría al porcentaje del salario que exceda de la base máxima de cotización establecida en cada momento y entraría en funcionamiento en 2025 con un 1%, para ir creciendo hasta el 6% en 2045.

Con los cambios incorporados se establecen tres tramos: los salarios que superen en hasta un 10% la base máxima; los que lo hagan entre un 10,1% y un 50%, y los que estén por encima de esta cifra.

Para los primeros, el gravamen máximo en 2045 será del 5,5%, del 6% para los segundos y del 7% para el tercer grupo. En el momento de la entrada en funcionamiento de este mecanismo (2025), la cuota será del 0,92%, el 1% y el 1,17%, respectivamente, según detallaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Traducido a cifras concretas, la franja más alta englobaría a quienes tengan salarios por encima de los 90.000 o 100.000 euros anuales, según las mismas fuentes, que indicaron que los cambios introducidos tienen un impacto neutro en las previsiones de recaudación de este instrumento, ya que se redistribuye la carga con este principio de progresividad. Esta herramienta, según las previsiones del Gobierno, aportarán casi una décima de ingresos del Producto Interior Bruto (PIB).

BASES MÁXIMAS

Por otro lado, la subida de las bases máximas de cotización reportarán al sistema de pensiones unos fondos de entre cuatro y cinco décimas del PIB, mientras que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sumará, en su punto álgido, previsto para 2047, hasta 0,91 puntos del PIB. Su aportación será creciente hasta dicha fecha, cuando el Ejecutivo estima que se produzca el momento de “mayor tensión” financiera en las pensiones por la evolución demográfica.

Desde ese año, el gasto irá reduciéndose y, con él, la necesidad de desembolsos del fondo de reserva o ‘hucha’ de las pensiones, que se nutrirá con el MEI. Está previsto que 2053 sea el último ejercicio en el que haya que utilizar esta reserva.

Dicho mecanismo está en funcionamiento ya este año, con un aumento de las cotizaciones del 0,6%, pero en 2029 pasará a ser del 1,2%, de los que dos décimas correrán por cuenta de los trabajadores y un punto de las empresas.

Además, las fuentes consultadas explicaron que la reforma de pensiones, en su conjunto, trata de compensar unos 3,4 o 3,5 puntos del gasto en pensiones sobre el PIB que la propia ley establece que no debe superar el 15%. De suceder, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) realizará recomendaciones al Gobierno y si este no logra aprobar una ley con medidas suficientes, el MEI se incrementaría automáticamente para dotar de más recursos al fondo de reserva.

Según el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá, la reforma del PP de 2013 conseguía esta misma cuantía sobre el PIB, pero en lugar de por la vía de aumentar los gastos, por el “recorte” de las pensiones. Por ello, se mostraron convencidos de que Bruselas avalará la reforma cuando se evalúen los hitos ligados al cuarto desembolso de los fondos europeos.

PERÍODO DE CÓMPUTO

Por otra parte, sobre el período de cálculo de la pensión, la reforma de pensiones ofrecerá durante dos décadas la posibilidad de elegir entre el modelo vigente y el nuevo.

El actual cuenta los últimos 25 años de la carrera de cotización y el nuevo 29 años, restando los dos peores de la trayectoria profesional. Si se hubiera sustituido uno por otro, el impacto habría sido neutro pero, el permitir que convivan ambos, supondrá un coste de una o dos décimas del PIB al final del período, según fuentes ministeriales.

El momento en que dejarán de coexistir ambos modelos será 2043, con una transición de tres años desde 2040, cuando el sistema de los 25 años irá creciendo paulatinamente hasta alcanzar la fórmula de los 29-27.

Por último, en cuanto a la cobertura de seis meses de laguna de cotización para los autónomos, fuentes del Ministerio de Seguridad Social precisaron que se aplicaría cuando el trabajador por cuenta propia afectado agote su prestación por cese de actividad correspondiente para asegurar la “involuntariedad” de esa circunstancia.