El Real Decreto establece determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicaciones, de forma que los gestores públicos puedan contratar la operadora que ofrezcan, a su uicio, mejores servicios, "frente a las actuaciones anteriores, que implicaban aceptar contratos de adhesión con un único operador y precios fijados".

Según el Ejecutivo, esta medida se engloba dentro de las actuaciones del Gobierno "encaminadas a adaptar las compras de la Administración General del Estado y sus organismos a la nueva situación generada en algunos mercados como consecuencia de su liberalización", como el eléctrico, telecomunicaciones, combustibles o energía.

En este sentido, lo apobado en el Consejo de Ministros de Hoy regula tanto las particularidades a las que debe someterse la contratación de servicios en la fase previa a la adjudicación (licitación, ámbito de aplicación, objeto, características especiales del contrato), como aspectos relativos a la ejecución (calidad, dirección del contrato, adaptaciones de seguridad) y al pago del precio.

El Real Decreto, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afectará a la telefoní fija y móvil, servicios de Internet y otros servicios telemáticos e interactivos, alquiler de circuitos, servicios de transmisión de datos y comunicaciones corporativas.

Asimismo, la Dirección General del Patrimonio del Estado, conforme vaya evolucionando el mercado de las telecomunicaciones, elevará al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una propuesta de declaración de contratación centralizada de determinados servicios.

Además, cada ministerio elaborará un Plan Director de Telecomunicacioes para integrar todos los organismos del departamento, que debe "proyectar las necesidades globales de servicios de telecomunicación del ministerio en un periodo de cinco años, así como las estrategias para su licitación, y estará sujeto a revisiones anuales que darán lugar a las adaptaciones oportunas".