Según ha podido saber Servimedia, tras la reunión de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad este jueves, el Gobierno ha abierto un plazo de una semana para que las comunidades autónomas y las entidades de la discapacidad envíen sus aportaciones sobre las medidas necesarias para reducir las listas de espera en el procedimiento de reconocimiento, declaración y clasificación del grado de discapacidad.

El documento sobre 'Medidas y buenas prácticas para recudir las listas de espera en el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad' comienza con la exposición del 'Contexto' actual, marcado por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que regula para todo el territorio del Estado un procedimiento común, aunque son las comunidades autónomas, en virtud de sus competencias constitucionales en materia de servicios sociales, las responsables de aplicación de esta norma en sus territorios a través de la gestión de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

El documento reconoce que "existe un problema estructural de listas de espera para la valoración de la discapacidad que está limitando el acceso de compatriotas a estos derechos". Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco del dialogo territorial, está llevando a cabo dos actuaciones orientadas a disponer de información de valor que permitan tomar decisiones sobre el rigor de los datos.

Así, explica, se está realizando un estudio en profundidad sobre la aplicación y despliegue de ese real decreto, tal y como se determina en su Disposición adicional quinta de evaluación de resultados; y se ha fijado también el objetivo de "recopilar y exponer las principales medidas que están llevando a cabo las diversas comunidades autónomas para reducir las listas de espera en los procedimientos de valoración del grado de discapacidad", que permitan seleccionar las que arrojen mejores resultados y se ajusten al "marco legal vigente para implantarlas de manera inmediata".

El Gobierno explica que este documento se ha elaborado a partir de un cuestionario enviado a todas las comunidades y ciudades autónomas a través de la Comisión de Valoración de la Discapacidad. "Han reportado datos todas ellas a excepción de la Junta de Andalucía y las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa", precisa.

DATOS POR CCAA

Los datos recabados reflejan las tasas de variación en listas de espera en el periodo 2021-2024. Así, en Aragón ha habido un crecimiento sostenido: +5,84% (2022), +18,47% (2023), +20,11% (2024). En Cantabria, crecimiento del +30,05% (2022), inicio de decrecimiento en 2023 (+19,52%), fuerte caída en 2024 (−6,46%). Ceuta tuvo crecimientos moderados en 2022 y 2023: +9,30% y +9,96%, y ligera caída en 2024 (−2,65%). En Castilla-La Mancha creció un +20,41% (2022), bajada progresiva 15,09% en 2023, y gran decrecimiento en 2024 con -11,31%.

En La Rioja se han experimentado variaciones moderadas: +14,92% (2022), +10,24% (2023), +5,07% (2024). En Madrid, +30,85% (2022), caída en 2023 (14,81%) y 2024 (−3,87%). En Región de Murcia, +9,72% (2022), +16,18% (2023) +4,56% (2024). En Navarra, +29,21% (2022), +17,52% (2023), y leve caída en 2024 (−0,59%). Valencia, +27,66% (2022), +18,01% (2023), leve caída −2,52% (2024). Asturias, por su parte, +11,77% (2022), pequeña subida +4,36% (2023) y fuerte bajada −26,31% (2024).

En Canarias creció +6,52% (2022), +12,13% (2023), y gran desplome en 2024 (−45,39%). "La propia comunidad índica que los datos aportados en 2024 posiblemente no sean reales por fallo en la recogida de estos", precisa el informe.

En Álava, +12,61% (2022), +27,77% (2023), y caída ligera en 2024 (−0,99%). Galicia experimentó un crecimiento moderado en 2022 (+21,03%) y 2023 (+7,12%), con descenso en 2024 (−9,41%). Castilla y León, aumento sostenido en 2022 (+12,84%) y 2023 (+16,79%), seguido de leve bajada en 2024 (−2,90%). Melilla, subidas en 2022 (+11,94%) y 2023 (+10,01%), pero fuerte caída en 2024 (−26,53%). Cataluña, fuerte crecimiento en 2022 (+28,23%) y 2023 (+15,86%), manteniéndose al alza en 2024 (+2,52%).

Extremadura registró subidas en 2022 (+21,02%) y descenso continuado en 2024 (-17,37%). "Los datos no deben tenerse en cuenta, porque no han sido disgregados correctamente conforme a la solicitud de petición de datos que se hizo (iniciales y de revisión)", precisa el texto. Además, "los datos aportados por Bizkaia no han sido los solicitados, debido a que no están disgregados entre solicitudes iniciales y solicitudes de revisión, por lo cual no se pueden hacer las estadísticas".

De la misma forma, "los datos aportados por Andalucía no han sido los solicitados, debido a que nos aporta únicamente las solicitudes pendientes de valoración en 2024 y hasta mayo de 2025", mientras que en Baleares el aumento fue moderado en 2023 (+3,52%), pero en 2024 se dispara (+28,18%). "No se incluye la tasa de variación de 2022 al no tener los datos de 2021".

CONCLUSIONES

Como "análisis global", el informe detalla una "tendencia inicial de crecimiento: 2022 fue un año con fuertes aumentos en casi todas las CCAA. Esto podría reflejar un efecto postpandemia (reactivación de trámites administrativos, acumulación de solicitudes, mayor concienciación, etc.). Estabilización o bajada en 2023-2024: En 2023 muchas CCAA siguieron creciendo, aunque con menor intensidad y en 2024 hay un claro patrón de descenso o paralización".

"A destacar: Aragón, Murcia y La Rioja muestran un patrón de crecimiento constante, aunque más moderado, lo cual puede reflejar una buena planificación de recursos o mayor equidad en el acceso. Madrid, Cantabria, Navarra o Valencia han experimentado fuertes oscilaciones, lo que puede estar relacionado con cambios normativos, recursos disponibles, campañas de información, incluso modificaciones en los criterios de revisión", precisa.

MEDIDAS IMPLANTADAS

El texto incluye un apartado de "Medidas implantadas por las administraciones competentes", la primera de las cuales el incremento de personal. "Una de las medidas más extendidas es el refuerzo de los equipos de valoración mediante el incremento de personal técnico y sanitario. Esta estrategia permite aumentar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de espera para la atención de solicitudes. Las comunidades que han optado por esta medida son: Valencia, Navarra, Murcia, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia, Canarias, Cantabria, Extremadura, Álava, Cataluña y Andalucía. En el caso de La Rioja, incluso se ha incorporado el médico del equipo de dependencia para apoyar en los procesos de discapacidad".

Otra medida son las "valoraciones no presenciales". "Algunas comunidades han introducido la valoración no presencial como una vía para agilizar los procedimientos, especialmente en casos donde no es imprescindible la exploración directa. Las comunidades que aplican esta medida son: Navarra, Murcia, Asturias, Madrid, La Rioja, Canarias, Álava, Melilla, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Castilla la Mancha. Sin embargo, hay que poner de manifiesto que estas medida deben circunscribir a situaciones muy tasadas ya que puede dar lugar a errores en la valoración, y por tanto a incoar recursos por parte de la ciudadanía lo que aumentaría las cargas administrativas".

El "triaje preventivo de solicitudes" es otra de las medidas. "La implementación de un triaje preventivo permite clasificar las solicitudes antes de su valoración formal, identificando aquellas que cumplen requisitos, las que requieren documentación adicional o las que deben ser rechazadas. Esta medida mejora la eficiencia organizativa. La han puesto en práctica: Valencia, Navarra, Murcia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Cantabria, Melilla y Andalucía. Esto es de gran utilidad en especial para aquellas y aquellos solicitantes que precisen el certificado para presentarse a una oposición y que precisan esta priorización".

También constan los "Convenios con el Sistema de Salud". "Algunas comunidades han optado por establecer convenios de colaboración con los servicios autonómicos de salud para compartir recursos y facilitar la derivación o valoración conjunta. Este enfoque promueve una mayor coordinación institucional. Lo aplican: Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia. Tener acceso a las historias clínicas de la Sanidad ahorraría mucho tiempo a los equipos de valoración".

Otra es la "prórroga de revisiones de oficio: Esta medida consiste en ampliar automáticamente la validez del grado de discapacidad en casos de revisión caducada, cuando no ha sido posible realizar la nueva valoración en plazo para así ofrecer seguridad jurídica a la persona afectada. Las comunidades que la han implementado son: Murcia, Asturias, Canarias y Castilla La Mancha".

Asimismo, habla de "Pasarelas con los servicios de dependencia: Esta medida ha sido adoptada por: Baleares, Galicia y Cantabria. Ha de señalarse que actualmente estas pasarelas no tienen cobertura legal, ya que suponen una equiparación automática entre grados de dependencia y discapacidad que no está contemplada en la legislación vigente, en particular en el Real Decreto 888/2022".

Finalmente, contempla "Aumento del número de citas diarias: Algunas comunidades han optado por incrementar el número de valoraciones programadas al día, reorganizando agendas y turnos. Esta medida se ha implementado en: Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, La Rioja y Canarias"; así como "Automatización de procedimientos administrativos: La automatización de trámites administrativos relacionados con la gestión de las solicitudes, citaciones y documentación permite agilizar la tramitación y liberar recursos humanos. Se aplica en: Aragón, Andalucía, Valencia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Murcia. En esto puede ayudar mucho la inteligencia artificial".

"El análisis realizado muestra que las comunidades autónomas están desplegando múltiples estrategias complementarias para reducir las listas de espera en los procesos de valoración de discapacidad. Entre todas, la más extendida es el incremento de personal, aplicada por al menos 14 comunidades, lo que demuestra la apuesta por reforzar los equipos humanos como respuesta estructural. Sin embargo, este refuerzo de personal ha resultado hasta el momento insuficiente para contrarrestar las listas de espera que persisten en la actualidad. Este hecho queda reflejado en la mayoría de los relatos autonómicos, donde se recoge una queja generalizada por la falta de efectivos en los equipos de valoración y la necesidad de crear equipos paralelos o de refuerzo para hacer frente a la elevada demanda. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de complementar la contratación de personal con medidas organizativas, tecnológicas e innovadoras que optimicen los recursos disponibles y garanticen una atención más ágil y eficaz a la ciudadanía", explica el documento.

OTRAS PROPUESTAS

El texto concluye con "Propuestas de mejora" y avanza que, además de las medidas ya en marcha, "otra vía para paliar las listas de espera sería apostar por estrategias innovadoras que están comenzando a implantarse en algunas comunidades o que han sido propuestas como buenas prácticas.

Entre ellas, destaca "la integración de las valoraciones de discapacidad y dependencia, para evitar duplicidades y agilizar procedimientos"; "la reducción de revisiones en patologías irreversibles, disminuyendo la carga de trabajo innecesaria sobre los equipos"; "la incorporación de inteligencia artificial (IA) para apoyar tareas como el análisis de documentación, el triaje preventivo, la asignación de citas, el tratamiento de solicitudes o la emisión de documentos automatizados"; el desarrollo de una APP de Discapacidad, que permita a las personas acceder fácilmente a sus resoluciones, certificados y tarjetas desde el móvil"; "trabajo por objetivos e incentivos ligados a productividad", "planteamiento a los médicos de otras entidades externas la realización de valoraciones de discapacidad fuera del horario laboral con retribución económica".

También sugiere campañas informativas sobre qué implica el reconocimiento de la discapacidad: "mucha gente lo solicita pensando que automáticamente van a recibir una pensión o van a poder aparcar en espacios reservados; urge por tanto hacer pedagogía sobre este trámite para evitar esta saturación, esta campaña corregiría creencias erróneas: 'diagnóstico = discapacidad' y reforzaría la idea de que el sistema de discapacidad es una herramienta de protección, no un recurso generalista con el que adquirir un derecho económico".

Otra medida es formación a profesionales y ciudadanía, "con el objeto de reducir derivaciones innecesarias y reducir la presión sobre los equipos valoradores por solicitudes inapropiadas. En las que se informe que pueden ponerse en contacto con la Trabajadora Social de su Comunidad Autónoma para solicitar información previa a la solicitud, orientándole así en esta evitando solicitudes mal planteadas o innecesarias desde el inicio"; y "otorgar directamente el baremo de movilidad a personas en situación de dependencia grado 3, esto solo se puede hacer una vez aprobado el APL de Discapacidad y Dependencia donde se incluyen las pasarelas".

Finalmente, contempla "unificar el criterio respecto al número de valoraciones de discapacidad que debe realizar cada técnico por jornada, día u hora. Sería conveniente establecer un estándar claro sobre: ¿Cuántas valoraciones se consideran adecuadas dentro de una jornada ordinaria? ¿Cuánto tiempo debe estimarse para cada tipo de solicitud o valoración? (por ejemplo: nuevas solicitudes, revisiones, valoraciones por informes, etc.)".