El libro fue impulsado por los Ministerios de Trabajo y Economía Social y Derechos Sociales y Agenda 2030, junto con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y con la participación de más de una treintena de expertos.

El acto, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo, contó con la participación del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco; y la directora académica de la obra, Mª José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Como explicaron en el encuentro los ponentes, este Libro Blanco es la primera obra de estas características en España y se erige como iniciativa palanca para un nuevo marco legislativo y de política pública del empleo y derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

En este sentido, el documento se proyecta desde un planteamiento ejecutivo y propositivo, haciendo un diagnóstico de los resultados que han arrojado las políticas públicas de empleo para las personas con discapacidad e identificando los principales problemas o situaciones y regulaciones susceptibles de mejora, acompañando un conjunto de conclusiones y propuestas de actuación en el ámbito normativo y organizativo.

Su elaboración tiene el objetivo de asegurar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y establecer la orientación de un nuevo marco legislativo y de la política pública en el ámbito del empleo para las personas con discapacidad.

El Libro Blanco de Empleo y Discapacidad da respuesta a los mandatos legales de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo donde se estipula que se establecerán las medidas legislativas, los programas y servicios de empleo necesarios en favor de las personas con discapacidad. Asimismo, el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, determina que el Gobierno, en el marco de las conclusiones del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, desarrollará las iniciativas legislativas oportunas para ordenar e impulsar los programas de empleo en favor de las personas con discapacidad.

EMPLEO DECENTE

“Un factor importante de la autonomía individual es disponer de seguridad económica. Por eso, en este Gobierno nos comprometimos con el empleo de las personas con discapacidad, con el empleo decente, alejado de la precariedad y presidido por los derechos laborales. Y creedme que esto no es un discurso vacío de un político, si no pura convicción de un Gobierno progresista que evidenciamos con datos y con hechos”, declaró Nacho Álvarez.

En la misma línea, Pérez Rey subrayó que la elaboración de este Libro ha sido fruto del diálogo con los interlocutores del sector, al igual que las principales medidas que se han adoptado durante la legislatura en relación al empleo de las personas con discapacidad, como por ejemplo incrementar las cuantías de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE) o los Reales Decretos 368/2021 sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite o el RDL 1/2023, que refuerza la incentivación de las personas con discapacidad a las que destina una importante cantidad de recursos.

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales puso en valor medidas como el aumento del presupuesto del Programa Reina Letizia para la Inclusión hasta los 5,5 millones de euros; el nuevo acuerdo entre la ONCE y el Gobierno de España en materia de empleo y formación que generará 25.000 empleos y formará a 100.000 personas con discapacidad en esta década; la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad; la aprobación del Real Decreto con medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite y el impacto de medidas como la reforma laboral, que ha permitido un crecimiento de un 6,2% de la contratación de las personas con discapacidad y una mayor estabilidad.

Además, el Gobierno señaló que la necesidad de este proyecto tiene su justificación en la transformación de la realidad sociolaboral de España en los últimos años, fruto del desarrollo de tendencias como la globalización y la digitalización, pero también de nuevas realidades que han modificado el panorama social y económico.

EMPRENDEDORES SOCIALES

En la presentación de la obra, el presidente del Cermi puso en valor que en el sector de la discapacidad son “emprendedores”, dado que “durante décadas, los poderes públicos no atendían ese bien básico que es el empleo” para las personas con discapacidad.

“La inclusión laboral de las personas con discapacidad, como tantas otras cuestiones en otras esferas determinantes para los derechos, para la inclusión, para el bienestar, es una cuestión no resuelta, y es una cuestión en la que ha faltado determinación, que ha faltado vigor, ha faltado convicción para abordarla. Quizá porque el problema es tan grande, tiene tantas dimensiones y magnitudes, que incluso un Gobierno con toda la voluntad, en cuatro años sería poco tiempo”, añadió Pérez Bueno.

El máximo responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España elogió los “avances” en materia de mercado laboral y discapacidad en esta legislatura y mostró su agradecimiento al Gobierno, al tiempo que destacó que hay aspectos que se deben seguir abordando pues, de no hacerse, faltarían unos 40 años “para parecernos al resto de la población española” en lo laboral.

A su juicio, “se necesita una sacudida, una especie de remover las cosas”, ya que “partíamos de un sistema” que tiene casi 50 años. En esta línea, ironizó con que “la cuota de reserva del 2% de los puestos de trabajo es de la época franquista”. Por ello, calificó el Libro como “la mayor disrupción” que ha hecho un Gobierno “para encarar las cosas”.

“Habéis dejado los deberes hechos para el nuevo Gobierno, para salir de ese marasmo de 50 años, de tirar de lo mismo y elegir un nuevo modelo legal y de acción pública en materia de empleo de las personas con discapacidad”, aseveró Pérez Bueno, para concluir que “no podemos permitir que se aleje más ese horizonte de pleno empleo” para toda la ciudadanía.

El Libro Blanco ha puesto de manifiesto, según Pérez Bueno, “el retrato sombrío de las personas con discapacidad con “una inactividad forzosa no querida que supera en 40 puntos al de la población sin discapacidad”. En palabras del presidente del Cermi, “la discapacidad castiga en términos de empleo como en otros ámbitos de la vida”, lo que especialmente sufren las mujeres, las personas con discapacidad con más necesidad de apoyos o quienes viven en el entorno rural.

Previamente, la directora académica de la obra desgranó las conclusiones del Libro y planteó propuestas como la necesidad de reformar el marco legislativo en materia de inclusión laboral o la creación de una autoridad independiente que supervise la aplicación de este tipo de políticas públicas.

Por último, Jesús Martín puso el foco en la necesidad de trabajar desde el conocimiento científico y defendió que “no podemos invalidar todo aquello que funciona, como tampoco podemos ignorar la desigualdad de partida” que afrontan las personas con discapacidad, ya que eso supondría que se quedaran “fuera del progreso de España”.