Esta decisión se adopta después de que la Comisión Bilateral no alcanzase acuerdo alguno en relación con los preceptos controvertidos de la citada norma. Tras el choque entre ambas administraciones, dirigidas por socialistas, el Consejo de Ministros solicitó un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y ahora ha decidido interponer este recurso de inconstitucionalidad.

El acuerdo del Gobierno tiene por objeto la impugnación de tres apartados que modifican la ley de contratos públicos en Navarra, todos ellos recogidos en la disposición final segunda de los Presupuestos para 2023.

El primero regula la reserva a la participación de los Centros Especiales de Empleo (CEE) en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, obras, suministros y concesión de servicios.

En concreto, se limitan esta participación a “Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro” o “a entidades sin ánimo de lucro, promotoras al 100% de empresas de inserción, que hubieran sido calificadas con anterioridad como centro de inserción sociolaboral”; una regulación que el Gobierno considera contraria a “los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, no discriminación, publicidad y transparencia”.

Asimismo, el recurso afecta al apartado seis, que regula qué actividades docentes o de formación tiene como “únicos tramites exigibles” la designación o nombramiento por el órgano competente y la presentación de la correspondiente factura. Los Presupuestos de Navarra incluían “aquellos contratos que se vayan a adjudicar por su especialidad artística y actividades similares”, pero el Gobierno lo considera inconstitucional por los mismos motivos que el apartado anterior.

Por último, el Consejo de Ministros impugna el segundo artículo del séptimo apartado de la Ley de Presupuestos, que establece una serie de diferencias entre los procedimientos de compra de medicamentos con protección de patente y sin ella. El Ejecutivo cree también que es contrario a la igualdad de trato.

“El Gobierno considera que los preceptos señalados son contrarios a los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, no discriminación, publicidad y transparencia, principios todos que aparecen como límite a la competencia en materia de contratos públicos de la Comunidad Foral de Navarra”, se recoge en la referencia del Consejo de Ministros en la que se publica este acuerdo.

En este sentido, el Gobierno recordó que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de contratos, “con un doble límite: la unidad constitucional y los principios esenciales de la legislación básica del Estado”.