Así lo indicó la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que pone en marcha con este anteproyecto el proceso para cumplir con las demandas del profesorado de mejorar sus condiciones laborales y a la par “mejorar la calidad educativo del alumnado”.

Según Alegría, la medida trata de “revertir los duros recortes del Gobierno de Mariano Rajoy” de 2012, por lo que en las clases de Primaria se pasaría de 25 a 22 alumnos y en Secundaria, de 30 a 25 por aula. “En cualquier aula un alumno con necesidades educativas especiales o discapacidad severa computará por dos”, remarcó. Asimismo, el anteproyecto reduce la carga lectiva a los profesores de primaria a las 23 horas semanales máximo y en Secundaria a 18.

Además, se contempla la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica que servirá para identificar aquellos centros que presentan una situación de especial complejidad, indicó el Ministerio.

El anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, según la previsión del Gobierno, es que se aplique en vigor en el curso 2026/2027 en lo referido a la carga lectiva y el alumnado de necesidades educativas especiales. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032. La ministra manifestó que espera mandar este texto al Congreso de los Diputados para su trámite “en el mes de enero”.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El texto del anteproyecto de Ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.

Por otra parte, el Ministerio informó de que está trabajando con el INE para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.

Además, el Gobierno aseguró que “establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales”.